Tras la ola de amenazas que alteraron la paz de las escuelas de Mendoza, la Dirección General de Escuelas ya activó el operativo en los establecimientos de toda la provincia. Los padres comenzaron a recibir las notificaciones para firmar el acta que las hace responsables por los costos de seguridad y el control de los alumnos.
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Amenazas escolares: Mendoza dio inicio a una citación masiva y obligatoria de padres
La DGE estableció sanciones económicas a los padres por falsas amenazas de sus hijos y exige el control estricto de pertenencias y entornos digitales.
El operativo, que tiene un alcance masivo y sin precedentes, no se limitará únicamente a los estudiantes involucrados en episodios recientes de violencia. Por el contrario, la DGE dispuso la citación obligatoria de los adultos responsables del 100% de la matrícula de los niveles Primario y Secundario en toda la provincia.
Las familias deberán asistir de manera presencial e individual para notificarse bajo firma, un proceso que las instituciones organizan mediante cronogramas específicos para asegurar que la totalidad de los padres asuma formalmente este compromiso.
Amenazas escolares: ¿qué es lo que firman los padres?
El documento que los adultos deben rubricar antes del 6 de mayo de 2026 funciona como una declaración de responsabilidad civil y penal:
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Responsabilidad Patrimonial: los firmantes aceptan que, ante una falsa amenaza de bomba generada por el menor, el Estado les reclamará el pago de los costos operativos (policía, bomberos y peritos).
Deber de Garantía: se asume que los padres han revisado las mochilas y pertenencias antes del ingreso a la escuela. Cualquier objeto peligroso detectado será responsabilidad directa de los tutores.
Supervisión Digital: la firma ratifica el compromiso de monitorear redes sociales como TikTok, Discord, WhatsApp e Instagram, principales canales de difusión de retos virales y mensajes intimidatorios.
Consecuencias por incumplimiento
La normativa no deja lugar a grises. Si un padre asiste pero se niega a firmar, la escuela labrará un Acta Supletoria con testigos para que la notificación se considere válida legalmente.
Por otro lado, la inasistencia injustificada o la negligencia reiterada en el cumplimiento de estas pautas permitirá la intervención de los organismos de protección (ETI) y autoridades judiciales, bajo la figura de "Negligencia" (Art. 30 Ley 26.061). Con este despliegue, Mendoza busca devolver a la esfera privada la responsabilidad primaria sobre el comportamiento de los menores para recuperar la "paz institucional" en las aulas.