El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Gobierno nacional envió al Congreso a fines de marzo no solo aborda cambios en expropiaciones o desalojos. También incorpora una reforma clave: modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
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Por qué el Gobierno incluyó la Ley de Manejo del Fuego en el proyecto sobre propiedad privada
La iniciativa enviada por el Ejecutivo Nacional busca modificar restricciones sobre tierras incendiadas. El oficialismo habla de defensa del derecho de propiedad, mientras que sectores ambientales advierten retrocesos.
La inclusión de esta normativa ambiental dentro de un paquete centrado en la propiedad privada responde a una lógica política y económica del oficialismo: eliminar restricciones que, según sostienen, afectan el uso productivo de la tierra tras un incendio.
Qué propone el Gobierno con la Ley de Manejo del Fuego
El punto central del proyecto es dejar sin efecto las modificaciones introducidas en 2020, que establecieron fuertes limitaciones sobre los terrenos incendiados.
Actualmente, la ley prohíbe durante largos períodos cambiar el uso de esas tierras:
- Hasta 60 años en bosques nativos, humedales y áreas protegidas
- Hasta 30 años en zonas agropecuarias
Estas restricciones impiden vender, subdividir o destinar esos terrenos a nuevos emprendimientos, especialmente inmobiliarios o productivos distintos a los originales.
Lo que plantea el Gobierno es eliminar esos plazos fijos y volver a un esquema anterior, en el que las decisiones quedaban sujetas a los ordenamientos territoriales de cada jurisdicción.
El argumento oficial: propiedad y producción
Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente genera un perjuicio directo sobre los propietarios, incluso en casos de incendios accidentales.
Según el enfoque oficial, las restricciones implican una “doble pérdida” para los productores: por un lado, el daño causado por el fuego; por otro, la imposibilidad de reconvertir la actividad o recuperar económicamente el terreno durante décadas.
En esa línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó la extensión de estas prohibiciones y planteó que resultan desproporcionadas, especialmente en el ámbito agropecuario.
Por qué el cambio genera rechazo
La reforma también despierta críticas, principalmente desde sectores ambientales. La normativa vigente había sido reforzada en 2020 con el objetivo de evitar incendios intencionales vinculados a negocios inmobiliarios o expansión agropecuaria.
El espíritu de la ley vigente es garantizar la restauración de los ecosistemas afectados y evitar cambios especulativos en el uso del suelo tras un incendio.
Para los críticos, eliminar estas restricciones podría facilitar prácticas que incentiven la quema de tierras para su posterior aprovechamiento económico.
Qué es la Ley de Manejo del Fuego
La Ley 26.815, sancionada en 2012, establece los presupuestos mínimos para la prevención y combate de incendios forestales y rurales en todo el país.
A partir de esta norma se creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que coordina acciones entre Nación, provincias y municipios, y que tiene como objetivo proteger bosques, humedales, pastizales y áreas rurales.