La adenda firmada por Alfredo Cornejo y Luis Caputo que libera para otras obras los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibió por el perjuicio de la Promoción Industrial (que originalmente serían destinados a la construcción de Portezuelo del Viento), cayó como un baldazo de agua fría en el Sur provincial.
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La movida "nacional" de un concejal libertario para frenar el desvío de los fondos de Portezuelo
Es el único mileísta en el Concejo de San Rafael y presentó un recurso para que Caputo/Milei frenen la adenda que permite repartir los U$S1.023 millones. Hará lo propio en Mendoza. No descartan iniciar acciones legales.
Es que tanto desde el sector político como productivo local entienden que la decisión no sólo representa un doble menoscabo a la región (el primero, por la Promoción Industrial; el segundo, por el desvío de los fondos que irían al Sur), sino que advierten que se estaría incurriendo en una acción sin sustento legal.
Así lo entendió el único concejal de La Libertad Avanza en San Rafael, Martín Antolín, quien bajo el patrocinio del dirigente justicialista Enzo Orosito, presentó -ante el Ministerio de Economía de la Nación- un recurso de reconsideración, para que se deje sin efecto la adenda Caputo/Cornejo, así como también el acuerdo de 2019 (rubricado también por Cornejo y el exministro del Interior Rogelio Frigerio), que habilitó el uso de los fondos para “otras obras hídricas”.
Lo dicho, los argumentos que utiliza el edil sanrafaelino son principalmente legales. Básicamente, el planteo hace foco en que tanto el convenio de 2019, como la adenda de 2024, contradicen a la Ley de Presupuesto 2019 (promulgada en 2018), que autorizó al Ejecutivo nacional a la toma de crédito público para una obra interprovincial como Portezuelo; así como a la Ley de Administración Financiera (N° 24.156), que prohíbe operaciones de crédito público no contempladas en el presupuesto o una ley específica.
Al tratarse de actos posteriores a la ley “madre”, Antolín y Orosito postulan que son nulos, ya que c ualquier ampliación de la afectación de los fondos, debería ser avalada por el Congreso Nacional (o en su defecto, por la Corte Suprema), y no solo por la Legislatura provincial y un decreto presidencial, como establece la adenda.
Por ello, solicitan a Caputo no avance en los trámites ratificatorios de la adenda, suspenda su ejecución y ordene al Gobierno provincial abstenerse de utilizar los fondos de Portezuelo en otros destinos. Lo propio harán ante el Ejecutivo provincial, al que –bajo la misma vía administrativa- reclamará que retire de la Legislatura el proyecto de ley (presentado esta semana) que le da a la adenda aval parlamentario.
En caso de obtener una respuesta negativa –o no obtener respuesta alguna- se reservan el derecho de iniciar acciones legales ante la Corte, y de presentar una denuncia penal contra Cornejo y Caputo por malversación de fondos públicos.
“Más allá de que Portezuelo sea o no la obra a realizar, con estas adendas deja de imputarse el dinero para el Sur de Mendoza, para afectarlo a otras obras y relocalizarlo en cualquier parte de la Provincia. Pero el Gobernador no puede usar los fondos a su antojo”, sintetizó Orosito ante la consulta de Sitio Andino.
Por qué los fondos de Portezuelo del Viento deberían quedar en el Sur
Además de los argumentos legales planteados en el recurso administrativo, Orosito señaló que existen otras razones de por qué los 1.023 millones de dólares deberían ser invertidos enteramente en la región sureña.
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Legitimidad: “Tiene que ver con el desastre que generó la promoción Industrial en la infraestructura productiva y en la cadena de valor” del Sur mendocino, el que claramente se vio más perjudicado por aquel régimen de beneficios impositivos para San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja; explicó Orosito.
Desde que se implementó la promoción, en 1970, hasta su derogación en el nuevo siglo, la participación de la zona Sur en el producto bruto interno provincial cayó del 47 al 15 por ciento (hoy se ubica en torno al 20%).
Esos efectos motivaron la reacción de las cámaras empresarias del Sur, que fueron las que interpusieron amparos ante la Corte; el paso originario para que Nación le reconozca a Mendoza el perjuicio provocado. Lo que lleva al segundo argumento:
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Legitimidad de origen: justamente fue el Sur el que alzó la voz y se puso al frente del reclamo ante el máximo tribunal por las consecuencias provocadas por la promoción industrial.
Tanto en 2003 como en 2010 (cuando se decretó la extensión del régimen), la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael presentó recursos de amparo para dar fin al sistema que perjudicó a Mendoza por décadas.
Esas gestiones contribuyeron para que la Provincia obtenga los fondos para Portezuelo. Por ello se interpreta que tales acciones generaron una legitimidad y reconocimiento de origen de los recursos a la región Sur.
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Convencionalidad o contractualidad: Orosito hizo hincapié en que -desde la firma del convenio Cobos/Kirchner en 2006, cuando se acordó la construcción de Portezuelo- la megaobra estuvo presente -en los sucesivos convenios bilaterales- como la opción principal para el destino de los fondos.
“Habla que, en prácticamente 20 años, tanto Nación como Mendoza han reconocido la justicia en la localización de los fondos en el Sur”, subrayó el dirigente. “No es una cuestión mágica o caprichosa”, completó.