La única excepción es un proyecto de 2021 de un senador peronista que dejó la banca ese año. El 75% de las leyes aprobadas fueron enviadas por el Gobierno. Los proyectos pendientes.
El oficialismo impone su quórum propio y se centra en sus proyectos
Foto: Prensa Legislatura MendozaNo es ninguna novedad que el tempo de los parlamentos en el mundo lo manejan los oficialismos. Más aún cuando el partido gobernante cuenta con mayoría, que le da quórum propio, como ocurre en Mendoza desde hace años. En su segundo mandato como gobernador, Alfredo Cornejo ha usufructuado esa situación para sancionar las leyes que acompañen su visión política.
Tal es así que en lo que va de 2024, de las 73 leyes que ha sancionado la Legislatura en el año, 55 (el 75%) fueron enviadas por el Poder Ejecutivo; y un puñado más están a punto de lograr el mismo desenlace.
De las 18 restantes, 15 son autoría de legisladores oficialistas, dos de diputados/senadores que formaron parte de Cambia Mendoza pero ya cumplieron su mandato, y tan solo una propuesta por un representante de la oposición, que dejó su banca en 2021.
El mapa muestra claramente que la prioridad absoluta la tienen los expedientes que surgen de las filas radicales y sus aliados. Solo algunos del peronismo/demarchismo consiguieron superar el filtro de alguna de las cámaras, obteniendo la media sanción, pero “duermen” en comisiones de la restante.
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Entre las iniciativas aprobadas, figuran la veintena que integraban el plan provincial de Salud presentado a inicio de año y la decena que configuraban el paquete de seguridad impulsado por la ministra Mercedes Rus. Varias de ellas, vale decir, contaron con el apoyo de buena parte de los integrantes de las otras fuerzas.
Asimismo, se avanzó con normas de interés general y sectorial como la limitación a una sola reelección de concejales, la cesión de las acciones de IMPSA, la adhesión al RIGI de Javier Milei (que fue acumulada a un proyecto de la opositora “Lula” Balsells Miró), la adenda para ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares de los fondos por la Promoción Industrial, la actualización del Código de Procedimientos Mineros, la reconfiguración de la coparticipación municipal (Ley de Mejora de Eficiencia de la administración de recursos del Estado), la prórroga de beneficios a deudores del IPV y la ampliación del juicio por jurados, entre otras.
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Además, se suman tres expropiaciones (la más importante, la del predio completo de Los Penitentes) y la ratificación de varios decretos del Ejecutivo, entre los que destacan las homologaciones de los acuerdos paritarios.
De las 15 leyes propuestas por legisladores oficialistas, seis corresponden a senadores y siete a diputados (una de ellas, la capacitación permanente en género a autoridades de entidades deportivas, se acumuló con un proyecto de la diputada peronista de mandato cumplido Marisa Garnica); en tanto que una decimosexta es autoría compartida entre un radical y el libertario Gustavo Cairo.
Las últimas dos fueron presentadas por el senador radical mandato cumplido Marcelo Rubio (adhesión a la Ley de Oncopediatría) y la única excepción a la regla pertenece al también exsenador del PJ Alejandro Abraham.
Ingresada en 2021 (en su último año en la banca), obtuvo la media sanción de la Cámara Alta en marzo de 2022. En mayo de 2023, con una nueva composición legislativa, recibió modificaciones de Diputados. Finalmente, en marzo de este año logró la sanción final. Se trata de una modificación de la Ley 9.041, para establecer una tasa de interés moratorio para las obligaciones de dar dinero.
En tanto, algunas iniciativas de la oposición lograron la media sanción en el Senado –donde el poder está repartido más equitativamente entre las fuerzas- pero no han contado con la misma suerte en Diputados.
Del PJ figura una propuesta de Félix González que pretende reforzar el control parental en el uso de billeteras virtuales por parte de menores, y la “Ley Agustina”-de Adriana Cano-, que busca brindar mayor protección contra el acoso sexual a trabajadores/as del sector gastronómico (impulsada tras un incidente en un comercio de la Arístides Villanueva).
Por La Unión Mendocina, un proyecto del bloque para declarar “el compromiso de sostener, promover y adoptar la agenda 2030 de desarrollo sostenible establecida por la asamblea general de Naciones Unidas”.
Por su parte, en 2024 el Senado prestó acuerdo para once pliegos elevados por el Ejecutivo, para ocupar diversos cargos vacantes en la Justicia y otros organismos descentralizados.
Iniciado el periodo extraordinario -que se extenderá hasta abril de 2025-, cuando solo se pueden tratar proyectos que cuenten con estado parlamentario o aquellos enviados por el Ejecutivo, el oficialismo pretende sancionar otros expedientes clave.
En ese listado figuran –entre otros- el aval a las 34 Declaraciones de Impacto Ambiental para los proyectos de exploración de cobre en la zona denominada Malargüe Distrito Minero Occidental (fue aprobada por Diputados esta semana y comienza su tratamiento en el Senado) y la disolución del EPAS; así como el Código de Aguas y el Plan Hídrico, que serán presentados conjuntamente en el primer trimestre del año que viene.
La prioridad máxima este 2024 la tiene el proyecto de Presupuesto, que ya superó la etapa de presentación de las pautas de los titulares de todas las carteras y áreas de Gobierno, y que en breve será llevado al recinto para que sea votado en Diputados.