El Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y, a su vez, comunicó que su aplicación quedará suspendida hasta que el Congreso de la Nación Argentina determine las fuentes de financiamiento para su implementación. La medida fue oficializada este lunes a través del decreto 681 publicado en el Boletín Oficial.
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El Gobierno Nacional promulgó la ley de Discapacidad, pero postergó su aplicación
El Gobierno Nacional le pidió al Congreso de la Nación Argentina que determine las fuentes de financiamiento para su implementación.
Tal como había adelantado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Senado al veto, el presidente Javier Milei tomó la decisión de no reglamentarla aún impulsada por la oposición. La norma declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Qué le pidió el Gobierno al Congreso de la Nación Argentina
El decreto señala que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
Es por eso que le solicitaton al Congreso que incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones, invocando al art. 5° de la Ley 24.629 -toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas- y al art. 38 de la Ley 24.156 -obligación de precisar financiamiento-.
Además, el Ejecutivo consideró que el Parlamento “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. El texto agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.
La ley había sido vetada en agosto, pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados y Senado, luego fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Los argumentos del Gobierno Nacional
El Ejecutivo recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma.
De acuerdo con las estimaciones de Gobierno de Milei, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Qué dice la ley de emergencia en discapacidad
- Financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo una nueva figura: la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este beneficio podrá ser compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, y será gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Compensación económica de emergencia para prestadores de servicios del sistema de atención integral, con actualizaciones de aranceles vinculadas al índice de movilidad jubilatoria. Se reconoce además la función social de estos prestadores como servicios de interés público nacional.
- Régimen especial para prestadores, con condonación de deudas, refinanciación impositiva y garantías de sostenibilidad financiera para evitar cortes en las prestaciones.
- Fortalecimiento del empleo protegido: se actualiza el monto del estímulo mensual previsto en la ley 26.816 y se facilita el ingreso de personas con discapacidad al Régimen Federal de Empleo Protegido. Además, los empleadores que contraten personas con discapacidad accederán a exenciones del 50% en las cargas patronales por tres años.
- Reformas normativas clave, como la redefinición legal del concepto de discapacidad con base en el modelo social, la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y la reorganización de los mecanismos de auditoría médica y socioeconómica, con garantías de transparencia y accesibilidad.
- Participación activa de las organizaciones representativas, a través de mecanismos institucionales de consulta con personas con discapacidad y prestadores del sistema.
- Obligación de rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria, la cantidad de beneficios otorgados, los pagos realizados y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
Qué queda frenado hasta que haya partidas
- Altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.
- Compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto.
- Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC.
- Despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia con financiamiento.
El objetivo de la norma es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.