Luego de largas horas de tenso debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma a la Ley de Glaciares —que contaba con media sanción del Senado — y le otorgó (entre otras modificaciones) mayor participación a las provincias en el control y desarrollo de actividades productivas en glaciares y ambientes periglaciares que —según la nueva redacción— carezcan de funciones hídricas.
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El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los diez mendocinos
La norma que llegó del Senado fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Cuál fue la posición de los mendocinos y los principales aspectos de la reforma.
La norma fue sancionada pasadas las 2.30 con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Además de La Libertad Avanza, el texto fue acompañado por bloques aliados y legisladores que responden a los gobernadores que —a través del Consejo de Mayo— impulsaron junto a Casa Rosada los cambios a la legislación aprobada originalmente en 2010 (en 2008 se sancionó una primera versión, luego vetada por la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
En el inicio de la extensa sesión en la Cámara Baja, la oposición intentó sin éxito incorporar distintos temas al debate mediante apartamientos del reglamento, que fueron rechazados al no alcanzar la mayoría agravada requerida. Entre otros, se desestimaron pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionamientos por la suspensión de acreditaciones a periodistas y un proyecto para determinar la neutralidad argentina ante la guerra en Medio Oriente.
Se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares en Diputados: qué dijeron los mendocinos que hablaron durante el debate
Solo una de los representantes de la provincia tomó la palabra durante el debate (Martín Aveiro también habló, pero para plantear una cuestión de privilegio contra Luis Caputo por el no reparto del impuesto a los Combustibles). Se trata de Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), quien planteó que la discusión parlamentaria debería centrarse en la crisis social y económica. Advirtió que “no puede ser que, en este contexto donde la miseria, el hambre y la pobreza siguen atravesando, estemos tratando un tema innecesario” frente a otras urgencias.
En relación al contenido del proyecto, Arrieta alertó que la modificación implica “un cambio de paradigma” que puede debilitar la protección de las reservas hídricas, especialmente en provincias áridas como Mendoza. Remarcó que “sin agua no hay agricultura, no hay vida y no hay desarrollo posible”, y cuestionó que se delegue en las jurisdicciones la determinación de la función hídrica, ya que “ahí comienzan las negociaciones y los negocios a favor de unos pocos”. “Debilitar la protección de nuestras reservas no es desarrollo”, sentenció.
Si bien los legisladores radicales que responden a Alfredo Cornejo —Lisandro Nieri y Pamela Verasay— no se expresaron durante el debate, su postura quedó establecida el día anterior, durante el plenario de comisiones. En ese ámbito, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, defendió la iniciativa y reivindicó el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, al advertir que “decir que los técnicos de las provincias no tienen competencias es un contrasentido y una falta de honestidad intelectual”.
La funcionaria local planteó que el debate no debía “reducirse a consignas simplificadas” y remarcó la necesidad de corregir falencias de la ley vigente, vinculadas —según sostuvo— a problemas de federalismo, seguridad jurídica e “indeterminación técnica”. Propuso avanzar hacia un esquema de “federalismo de concertación”, donde se logre compatibilizar desarrollo y ambiente: “No es minería o agua, tenemos que armonizar esos intereses”. También cuestionó la concentración de decisiones en el Ianigla al hablar de una “arbitrariedad técnica”, y aseguró que la reforma buscaba “corregir falencias” y mejorar la aplicación de la norma sin resignar la protección ambiental.
Así votaron los diez diputados mendocinos la reforma a la Ley de Glaciares
La mayoría de los mendocinos avaló la propuesta de la administración libertaria y los gobernadores que redefine las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciales que antes estaban completamente resguardadas. Solo el peronismo y la exoficialista Arrieta se opusieron al expediente.
- Luis Petri (La Libertad Avanza): afirmativo
- Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): afirmativo
- Mercedes Llano (La Libertad Avanza): afirmativo
- Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): afirmativo
- Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): afirmativo
- Lisandro Nieri (UCR): afirmativo
- Pamela Verasay (UCR): afirmativo
- Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): negativo
- Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo
- Emir Félix (Unión por la Patria): negativo
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares que aprobó la Cámara de Diputados
- Redefine el objeto de la Ley actual: la protección se limita a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas o para la recarga de cuencas.
- Introduce un criterio interpretativo constitucional: la aplicación de la norma queda subordinada al principio de uso racional de los recursos naturales previsto en el artículo 41 de la Constitución.
- Incorpora el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares se considera protegida hasta que la autoridad ambiental determine que no cumple función hídrica.
- Mayor protagonismo de las provincias: serán las encargadas de verificar la función hídrica de las geoformas y deberán remitir esa información al Ianigla para actualizar el inventario.
- Reduce el alcance de las áreas protegidas: ya no todo el ambiente periglaciar queda bajo resguardo, sino solo aquellas formaciones con función hídrica comprobable.
- Modifica el régimen de prohibiciones: las restricciones (como la actividad minera, hidrocarburífera o industrial) se aplicarán únicamente en los glaciares y geoformas que cumplan esa función.
- Exige evaluación de impacto ambiental previa: toda actividad en zonas alcanzadas por la ley deberá pasar por estudios ambientales, con posibilidad de evaluaciones estratégicas según la escala del proyecto.
- Faculta a las provincias a definir el impacto: cada jurisdicción podrá determinar, mediante esos estudios, si una actividad genera una alteración relevante y debe ser rechazada.
- Mantiene excepciones específicas: quedan permitidas actividades científicas no invasivas, rescates y prácticas deportivas no motorizadas.
- Redefine el rol del Ianigla: seguirá a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero dependiendo de la información que aporten las provincias para su actualización.
La sesión completa en Diputados