A partir de la reglamentación publicada este jueves en el Boletín Oficial, entró en vigencia la Ley 9666, que introduce modificaciones en el Código Procesal Penal de Mendoza (Ley 6.730), para ampliar hacia la tarde los horarios en los que se realizan audiencias en este fuero. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo para "acelerar los tiempos judiciales". Esto implica que los jueces trabajarán también turno tarde.
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Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
El Gobierno reglamentó la Ley 9666, que modifica el Código Procesal Penal de Mendoza y reorganiza el funcionamiento de los tribunales penales.
La norma reestructura el funcionamiento de los tribunales penales y fija nuevas pautas para la organización de audiencias de esta área del Poder Judicial de Mendoza, los turnos de jueces y el rol de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), "con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir demoras en las causas".
Entre los principales cambios, se establece que las audiencias de debate deberán realizarse también en horario vespertino, extendiendo la jornada laboral de los juecess y optimizando el uso de las salas judiciales.
Audiencias vespertinas y reorganización del sistema
Uno de los puntos centrales de la reforma es que dispone que las audiencias de debate “deberán desarrollarse en horario vespertino”.
Esta disposición busca aprovechar la infraestructura judicial durante todo el día y evitar la acumulación de causas sin resolver, en un contexto en el que el fuero penal presenta altos niveles de congestión.
Además, la ley detalla que los jueces del Tribunal Penal Colegiado podrán dictar sentencia inmediatamente después de cerrado el debate, dejando registro en formato digital. El objetivo, según se desprende de la reglamentación, es agilizar los procesos y fortalecer la oralidad como principio rector del sistema acusatorio.
Control, sanciones y rol de la OGAP
La reglamentación también refuerza los mecanismos de control interno.
Los magistrados y funcionarios que hagan fracasar audiencias de manera injustificada tres veces en un año o seis en distintos períodos serán considerados incursos en la causal de mal desempeño, conforme al artículo 12 de la Ley 4.970.
Los registros de esas inasistencias serán automáticos y estarán supervisados por la Inspección de Justicia.
En paralelo, la OGAP —dependiente de la Suprema Corte— asume un papel clave en la planificación, gestión y reprogramación de audiencias, además de garantizar la trazabilidad de los sorteos y la transparencia en la asignación de causas.
Contexto: las estadísticas que impulsaron la reforma
La puesta en marcha de esta reglamentación se vincula con los datos de congestión judicial publicados en agosto por el Gobierno, que mostraron un fuerte aumento de causas pendientes y audiencias postergadas en el fuero penal.
El Ejecutivo tomó como base esos indicadores para promover la Ley 9666. Con esta medida, el Poder Judicial busca consolidar una dinámica de trabajo más continua, transparente y eficiente, adaptada a las demandas del sistema penal moderno.
Demoras en las causas
De acuerdo con los datos oficiales, el 86% de las audiencias se realizan en la franja de 8 a 13, lo que genera cuellos de botella en la atención de expedientes. Además, detectaron una significativa brecha en la carga de trabajo: los 36 jueces penales reciben en promedio unas 20.000 causas al año, frente a las 1.800 que ingresan en los tribunales de juicio. Si bien esto es lógico, consideran que la diferencia debe reducirse.
Es por esto que el Gobierno pretende que los magistrados penales fijen audiencias durante la tarde para "agilizar" el sistema judicial y mejorar la mirada hacia la Justicia por parte de la población, con magistrados, fiscales y defensores "actuando en tiempo real".
También extendieron la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, para que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema. La reforma se enfocó en reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones.
Cruces en el Poder Judicial
El planteo del Ejecutivo generó cruces en el Poder Judicial. Luego de que Cornejo dijera que "hay algunas estadísticas que muestran que el fuero penal no está funcionando bien", el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, salió a poner en duda la capacidad operativa y que los fiscales no trabajan en la tarde. En tanto, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, negó que eso fuese así, y defendió el proyecto de Cornejo al señalar que es necesario equilibrar el trabajo en los distintos órganos judiciales.