Los gobernadores peronistas que no adhirieron al Pacto de Mayo y los gremios del sector industrial, con SMATA a la cabeza, comenzaron a delinear una "unidad" para plantear reclamos y ejercer presión al gobierno de Javier Milei, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) gana tiempo ante sus bases y apuesta por el diálogo.
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Con críticas a Milei, gremios y gobernadores del PJ compartieron un duro informe sobre la industria
Distintos gobernadores se reunieron con sindicatos industriales en la sede de SMATA. “No adherimos a la matriz económica que propone el gobierno de Milei”, detallaron.
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Dos hechos dieron cuenta de ese contraste la semana pasada: por un lado, la CGT postergó la adopción de nuevas medidas de fuerza y pidió formalmente una audiencia con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un llamado que el Gobierno escuchó y que respondió con una convocatoria al triunvirato sindical para el nuevo "Consejo de Mayo".
La Secretaría de Trabajo invitó para el martes próximo a los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano para el "diálogo social" que se instaurará con el Consejo de Mayo, el ámbito anunciado por Milei que tendrá el rol de traducir en leyes el pacto firmado con 18 gobernadores.
Por otra parte, y apenas un día después de la reunión de los popes de la CGT, un puñado de gremios industriales enrolados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira) se reunieron con los gobernadores peronistas que no adhirieron al Pacto de Mayo, con Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (la Rioja) a la cabeza, para darle forma a un nuevo polo opositor.
La sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, fue el escenario para ese encuentro, donde se trazó un panorama de la situación económica y se convocó a conformar una "unidad" de todos los sectores opositores al jefe Estado, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes al tanto de esa reunión.
Además de Kicillof y Quintela, estuvieron los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
"Estaban todos muy preocupados por los números", señalaron a NA desde el entorno de uno de los gobernadores que participó del convite, y añadieron que precisamente fueron los mandatarios lo que "contaron sobre la caída del empleo en sus provincias, sobre todo en el sector industrial".
Gobernadores y gremios coincidieron en adoptar una postura de "resistencia y de reclamo permanente" porque los puestos de trabajo "se están cayendo", del mismo modo que la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de flexibilización impositiva, tampoco les genera "expectativas".
En lo político, todos los asistentes coincidieron en "trabajar una unidad para generar una oposición que permita ser escuchada". Un contraste con la postura global de la CGT, que espera la reunión del martes en Trabajo y que, por toda respuesta a sus bases, convocó para el 25 de julio a su Consejo Directivo para ver los pasos a seguir.
La industria y un duro informe
Según el informe del CSIRA (Confederación de Sindicatos Industriales) “la caída en la producción industrial manufacturera alcanzó (en junio) un 15,2% frente a igual periodo del año anterior, mientras que la desocupación trepó al 7,7% acompañado por una pérdida creciente y sostenida del poder adquisitivo”. La central industrial representa a casi 1,1 millón de trabajadores (46,7% sindicalizados), de más de 60.000 empresas, dividas en 18 sectores de actividad. Construcción, metalmecánica y textil, son las de mayor peso.
El documento fue analizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que señaló que “el desafío de la etapa es acuciante”. “La actual política económica que implicó una profunda recesión, combinada con la sanción de la Ley Bases y el DNU 70/2023, que desarman las herramientas de la política industrial, impactan sobre la producción y sobre la vida de los trabajadores argentinos”, advirtió.
A continuación algunos de los datos duros que presentaron:
- El 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado.
- El 65% declararon que la caída de las ventas supera el 15%.
- El 40% de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos.
- El 50% manifiesta un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas.
- Cumplimiento de las obligaciones: solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas.
- El 38 % de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes.
- El 95% considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor.
- El 65% indica que a partir de la sanción de la Ley Bases el funcionamiento empeorará, un 20% que seguirá igual y un 15% no contestó.
- Impacto sobre los trabajadores: el 80% de las empresas han despedido trabajadores, mientras que, solo el 20% revela no haber sufrido despidos desde diciembre a la actualidad.
- El 60% de los encuestados señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión o licenciamiento en sus trabajos: esta cifra duplica al 34.4% relevado en mayo. En cuanto a adelanto de vacaciones, en el mes de julio se relevó esta operatoria en el 65% de las empresas.
- Retiros voluntarios: el 80% de las empresas ha implementado esta operatoria, lo que supera el 56.5% de lo relevado en mayo.
- Se computa recortes en horas extra en el 90% de las empresas. Lo que significa un recorte del 30% de las horas extras en los trabajadores.
Según el documento: “Lo que se ha verificado en el primer semestre es una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recortes de horas extra, disminución de actividades y una tendiente precarización laboral, razón por la cual la pretendida modernización laboral que impulsa el actual gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad”.