La investigación por la presunta estafa financiera que tiene como principales imputados al abogado mendocino Iván Yoma, Pablo Falco y Rodrigo López continúa sumando pruebas, testimonios y damnificados. Mientras la Fiscalía avanza con el análisis de documentación y dispositivos secuestrados, las declaraciones de los acusados exponen un escenario de fuertes acusaciones cruzadas.
La trama de la presunta estafa que investiga a Iván Yoma en Mendoza: dólares, cheques y acusaciones cruzadas
La presunta estafa financiera que involucra a Yoma, Pablo Falco y Rodrigo López generó fuertes repercusiones en Mendoza. Sin embargo, hay acusaciones cruzadas entre los imputados.
El caso tomó estado público en marzo de este año, cuando la Justicia de Mendoza recibió una serie de denuncias de personas que aseguraron haber sido captadas mediante promesas de inversiones con altas rentabilidades que nunca se concretaron. A partir de esas presentaciones, la Fiscalía de Instrucción N°15 ordenó allanamientos en oficinas y viviendas ubicadas en Capital, Las Heras, Maipú y Godoy Cruz.
Durante los procedimientos se secuestraron cerca de un millón de pesos, más de 50 mil dólares, seis cheques, documentación vinculada a la operatoria investigada y numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, notebooks, celulares, discos rígidos y sistemas de almacenamiento que actualmente son sometidos a peritajes.
Las denuncias incorporadas y una lista de 74 inversores
Con el avance de la investigación comenzaron a incorporarse nuevos denunciantes, lo que amplió considerablemente el expediente. Según reveló un abogado que representa a varios damnificados, dentro de la causa existe una planilla con 74 inversores, documento que habría sido reconocido por uno de los imputados.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que entre cinco y seis de esas personas tendrían algún vínculo con los acusados, mientras que el resto correspondería a presuntos inversores afectados. Las mismas fuentes indicaron que la deuda total reclamada superaría los 2,5 millones de dólares.
El rol de las empresas bajo investigación
Otro punto clave de la investigación es el rol de las empresas involucradas. Según el testimonio de las fuentes consultadas, las sociedades utilizadas no poseen bienes registrables (ni inmuebles ni vehículos).
Además, no presentan balances consistentes o no reflejan las inversiones recibidas. Tampoco comparten domicilios, estructuras y empleados. Uno de los ejes más sensibles del expediente gira en torno a una oficina identificada como "Asesoría Legal", vinculada directamente a Iván Yoma.
Las defensas y las acusaciones cruzadas entre los imputados
Los tres imputados mantienen posturas contrapuestas respecto de las responsabilidades. Mientras Yoma apunta contra Pablo Falco, este último sostiene que se desempeñaba como empleado. Por su parte, Rodrigo López aseguró haber trabajado para ambos.
Incluso se investiga si la designación de Falco como socio gerente de una de las sociedades fue utilizada para trasladarle responsabilidades dentro de la estructura
Desde la defensa de Yoma rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no existieron promesas engañosas para captar inversores. En declaraciones realizadas meses atrás, el abogado afirmó haberse puesto a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación y negó haber participado en maniobras ilícitas.
Sus representantes legales, Carlos Aguinaga y Nicolás Lucero Garro, remarcaron que debe diferenciarse un eventual incumplimiento derivado de inversiones privadas de una maniobra defraudatoria.
Además, Yoma sostuvo que muchos denunciantes entregaron dinero directamente a Pablo Falco y que esos fondos nunca ingresaron a las empresas vinculadas a Yoma. La defensa también aseguró que existen acuerdos de pago alcanzados con parte de los inversores y rechazó categóricamente la existencia de un esquema piramidal.
En medio de las acusaciones, Yoma aseguró que "con una gran parte de las personas que invirtieron se han alcanzado acuerdos de pago durante el último año", lo que según afirmó, demuestra la voluntad de cumplir. A su vez, la defensa remarcó que Yoma se puso a disposición del fiscal interviniente con el objetivo de esclarecer los hechos.
Asimismo, señalaron que se acompañó el proceso con toda la documentación disponible y que se realizó la entrega voluntaria del teléfono celular del acusado, para analizar las comunicaciones con los denunciantes.
De manera enfática, los letrados sostuvieron que Yoma no firmó contratos de mutuo, no administró fondos de terceros y no dispuso del dinero de los inversores. Incluso indicaron que en algunos casos no existía relación previa con personas que hoy lo denuncian.
La declaración de Pablo Falco complicó a Yoma
Uno de los momentos más relevantes de la causa se produjo el 9 de junio, cuando Pablo Daniel Falco Cáceres declaró ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. Durante su extenso testimonio, responsabilizó directamente a Iván Yoma por el diseño, conducción y posterior colapso de la operatoria financiera investigada.
Falco afirmó que durante años trabajó como empleado de Asesoría Legal y aseguró que nunca tomó decisiones sobre los fondos aportados por los inversores. Según declaró, todas las decisiones comerciales, financieras y societarias eran adoptadas exclusivamente por Yoma.
También sostuvo que las inversiones eran recibidas en las oficinas de Asesoría Legal, donde el dinero era resguardado en una caja fuerte, y que distintas sociedades utilizadas para firmar contratos operaban desde ese mismo domicilio.
Entre las firmas mencionadas en su declaración aparecen Asesoría Legal, Facilgestiono, BBC Criptomonedas y Constructec SRL, además de otras sociedades vinculadas a negocios inmobiliarios, compraventa de vehículos y casas de cambio.
La acusación más fuerte llegó cuando Falco aseguró que, con el paso del tiempo, concluyó que existió una maniobra deliberada para perjudicar a los inversores. Según su versión, Yoma habría utilizado empleados, apoderados y sociedades vinculadas para desarrollar la actividad y luego intentó trasladarles la responsabilidad cuando comenzaron las denuncias y desaparecieron los fondos.
Mientras la Fiscalía continúa incorporando pruebas y testimonios, la causa sigue creciendo en volumen y complejidad, con decenas de damnificados que esperan una respuesta judicial sobre el destino de millones de dólares invertidos.