La causa por presuntas estafas que involucra a un grupo de abogados en Mendoza sumó la declaración del abogado Iván Yoma y la intervención de sus representantes legales. El letrado, señalado como uno de los principales acusados, decidió brindar su testimonio tras las imputaciones de las últimas horas y buscó marcar distancia de los hechos investigados.
El abogado mendocino Iván Yoma habló tras la imputación por estafas y negó haber participado en la maniobra
Mientras avanza la causa por presuntas estafas, Yoma afirma que los fondos no ingresaron a la empresa y busca esclarecer los hechos.
El caso salió a la luz durante el fin de semana, luego de una serie de denuncias presentadas ante la Justicia de Mendoza. Según los denunciantes, un grupo de personas habría sido captado mediante promesas de inversiones con ganancias millonarias.
Sin embargo, desde la defensa de Iván Yoma desmintieron esta versión, ya que los denunciantes ingresaron por parte de sus familias o conocidos. "No hubo promesas", resaltaron.
A partir de estas presentaciones, la fiscalía de Delitos Económicos inició una investigación que, con el correr de las horas, fue ampliándose.
De acuerdo con la imputación del fiscal Hernán Ríos, Yoma, junto a Pablo Falco y Rodrigo López (quienes serían socios), habrían cometido el delito de "estafas genéricas" por un monto estimado en aproximadamente 505.375 dólares. Hasta el momento, la causa continúa en curso y acumula más de cinco expedientes.
El testimonio de Iván Yoma tras las denuncias
"Desde el primer momento me puse a disposición de la Justicia porque tengo la tranquilidad de no haber cometido ningún delito", afirmó Iván Yoma en un mensaje en el que intenta despegarse de las acusaciones.
En esa línea, sus abogados, Carlos Aguinaga y Nicolás Lucero Garro, explicaron que en este tipo de situaciones resulta clave diferenciar entre un eventual "incumplimiento contractual derivado de un negocio de inversión y la existencia de una maniobra defraudatoria".
Los puntos clave de la estrategia defensiva
Según Yoma, los propios denunciantes "reconocen que entregaron el dinero directamente a Pablo Falco y que esos fondos nunca ingresaron a la empresa. En esos casos, resulta evidente que no he tenido ningún tipo de intervención".
Además, indicó que muchas de estas situaciones se dieron en un contexto de vínculo personal con Falco: "Hoy intentan modificar esa realidad, presentando los hechos de una manera que no se corresponde con lo ocurrido", señaló Yoma.
El abogado mendocino identificó tres escenarios principales dentro de la causa:
- Personas que entregaron dinero directamente a Pablo Falco, sin que los fondos ingresaran a la empresa.
- Inversores que sí operaron con la firma y recibieron devoluciones parciales o firmaron acuerdos de refinanciación documentados.
- Casos en los que existen diferencias en los montos reclamados, que deberán ser esclarecidas.
En medio de las acusaciones, Yoma aseguró que "con una gran parte de las personas que invirtieron se han alcanzado acuerdos de pago durante el último año", lo que según afirmó, demuestra la voluntad de cumplir.
Entrega de pruebas y colaboración con la Justicia
Por su parte, la defensa remarcó que Yoma ya prestó declaración y se puso a disposición del fiscal interviniente con el objetivo de esclarecer los hechos.
Asimismo, señalaron que se acompañó el proceso con toda la documentación disponible y que se realizó la entrega voluntaria del teléfono celular del acusado, para analizar las comunicaciones con los denunciantes.
De manera enfática, los letrados sostuvieron que Yoma no firmó contratos de mutuo, no administró fondos de terceros y no dispuso del dinero de los inversores. Incluso indicaron que en algunos casos no existía relación previa con personas que hoy lo denuncian.
Por otra parte, rechazaron categóricamente la posibilidad de un esquema piramidal, al asegurar que no existe evidencia de ingreso de fondos nuevos destinados a cancelar obligaciones anteriores ni de inexistencia de actividad económica real.
Un conflicto de naturaleza patrimonial
Finalmente, Aguinaga y Lucero Garro sostuvieron que el caso debe encuadrarse como un conflicto patrimonial.
"Se trata de un caso que debe ser analizado en su ámbito correspondiente, y no en sede penal", concluyeron, al destacar la continuidad operativa, la pluralidad de contratos y los pagos realizados.