La causa por presunta estafa que tiene como principal imputado a Iván Yoma continúa sumando elementos y víctimas. Según confirmó a Sitio Andino un abogado defensor de los damnificados, la investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y ya se acumulan cerca de 20 denuncias penales, cuando semanas atrás eran aproximadamente 15.
Cómo avanza la causa por presunta estafa contra el abogado Iván Yoma y otros imputados en Mendoza
La investigación suma pruebas y denunciantes mientras se intenta determinar el destino de más de 2 millones de dólares. El dato que sorprendió a los abogados.
Desde el equipo de abogados aseguran que la Fiscalía de Delitos Económicos trabaja "a pleno", incorporando nuevas pruebas y testimonios. Sin embargo, el contexto es complejo porque las denuncias van en aumento y se dificulta el avance de la causa por la magnitud del caso.
Una estructura con 74 inversores y millones en juego
Uno de los datos más relevantes que surge del expediente es la existencia de una planilla con 74 inversores, documento que ya fue reconocido por al menos uno de los imputados.
Según la información que proporcionaron fuentes ligadas a la investigación, de ese total, entre 5 y 6 personas serían allegados o incluso vinculados a los propios acusados. El resto corresponde a inversores afectados.
En términos económicos, la magnitud del presunto fraude es significativa:
- Capital invertido total: 1.965.358 dólares
- Intereses estimados: entre 1,3 y 1,5 millones de dólares
- Retiros realizados: alrededor de 1 millón de dólares
De esta manera, la deuda total con los inversores superaría los 2,5 millones de dólares
Empresas sin bienes y sospechas de sociedades “pantalla”
Otro punto clave de la investigación es el rol de las empresas involucradas. Según el testimonio de las fuentes consultadas, las sociedades utilizadas no poseen bienes registrables (ni inmuebles ni vehículos).
Además, no presentan balances consistentes o no reflejan las inversiones recibidas. Tampoco comparten domicilios, estructuras y empleados.
Esto refuerza la hipótesis de que podrían haber sido utilizadas como "fachada" para simular legalidad en las operaciones.
El rol de "Asesoría Legal" y la conexión con los préstamos prendarios
Uno de los ejes más sensibles del expediente gira en torno a una oficina identificada como "Asesoría Legal", vinculada directamente a Iván Yoma.
Según consta en declaraciones del propio imputado:
- Allí funcionaría una sociedad de hecho dedicada a créditos prendarios
- Se ofrecía a inversores participar como acreedores en estos préstamos
- La promesa era que los rendimientos surgirían de préstamos que triplicaban el capital
Además, surge una pregunta central: si "Asesoría Legal" podía operar como financiera, por qué los contratos se firmaban a nombre de otras empresas.
Responsabilidades cruzadas entre los imputados y el destino del dinero
En la causa están imputados, además de Yoma, Pablo Falco y Rodrigo López. Las declaraciones muestran un escenario de acusaciones cruzadas.
Por un lado, Yoma señala a Falco como responsable. Pero Falco asegura ser empleado de Iván Yoma. A su vez, López afirma haber trabajado para ambos
Además, se investiga incluso si la designación de Falco como socio gerente de una de las firmas fue una maniobra para trasladar responsabilidades.
Sin dudas, uno de los mayores interrogantes sigue siendo el destino de los fondos. Según el relato de las fuentes a este medio, hasta el momento no se ha determinado dónde están los más de 2 millones de dólares.
Una declaración suspendida que genera dudas
En las últimas horas se conoció una novedad llamativa: Iván Yoma iba a declarar voluntariamente, pero decidió no hacerlo el mismo día, sin que se conozcan los motivos.
El hecho generó sorpresa entre las partes, ya que implicó movilización de recursos judiciales y podría interpretarse como una señal dentro de la estrategia defensiva.
Cuál es el estado actual de la causa
Actualmente, el expediente se encuentra en plena etapa de investigación, ya que se siguen incorporando pruebas, continúan ingresando denuncias y analizan el destino del dinero.
Desde la fiscalía advierten que el volumen de presentaciones supera la capacidad operativa, lo que podría extender los plazos del proceso.