El gobierno nacional, o más bien se podría decir el equipo de más confianza del presidente, tomó la decisión de salir políticamente de la discusión de las PASO poniendo en agenda nuevamente el gravamen a la renta extraordinaria.
El gobierno nacional, o más bien se podría decir el equipo de más confianza del presidente, tomó la decisión de salir políticamente de la discusión de las PASO poniendo en agenda nuevamente el gravamen a la renta extraordinaria.
La movida corrió por cuenta de la vocera presidencial que planteó que el Gobierno está conforme con las leyes electorales de la Argentina, que cambiarlas era potestad del Congreso pero que preferían que los parlamentarios se ocuparan de tratar el popularmente conocido como impuesto a las rentas inesperadas y a las grandes fortunas que se viene discutiendo desde plena pandemia sin avance concretos. Claro que el debate no es solo en la Argentina, la pandemia reavivó el debate a nivel mundial.
Es cierto que en la Argentina la discusión del reparto de la torta que produce la economía y las rentabilidades tiene particularidades. En el primer caso se sigue profundizando las desigualdades. Como ya contamos alguna vez a finales del 2015 en números absolutos la balanza se repartía en 53 por ciento para el capital y 47 para el sector trabajador. Con los últimos datos disponibles del INDEC ese reparto hoy está 60 puntos para el capital y 40 para el sector trabajador.
Las rentabilidades en la Argentina también son otra gran discusión, mientras en el mundo rondan un 3 por ciento en dólares en nuestro país el promedio de las grandes empresas e incluso PYMES grandes está en los 10 puntos medidos en dólares.
En el mundo (guste a quien guste) los Estados tienen a controlar y regular esas rentas mediante la vía impositiva. Un claro ejemplo es el actual primer ministro britanico Rishi Sunak (a quien las propias fuerzas de derecha lo tildan de más a la derecha) fue quien implementó cuando era el Ministro de Economía de Boris Johnson en impuesto a la renta extraordinaria a las energéticas que vieron explotadas sus ganancias por la guerra ruso ucraniana.
El debate de los gravámenes a las rentas extraordinarias y a las grandes fortunas post pandemia y en la conmoción mundial por la guerra es apoyado hasta por movimientos de multimillonarios a nivel global como ya ha sido ampliamente explayado por los medios en todo el mundo.
Cuando comenzó esta discusión en la Argentina con el gravamen por única vez y Martín Guzmán planteó el impuesto a la renta extraordinaria el Centro de Economía Política Argentina realizó un informe con lo que significaría para las arcas del Estado un impuesto permanente a las grandes fortunas y un comparativo con lo que se planteaba y se discute en el resto del mundo.
En el siguiente cuadro vemos el detalle de las propuestas en distintos países, algunas de ellas ya aprobadas en este tiempo.
Respecto a la Argentina basándose en el ranking de la revista Forbes y tomando dos ideas bases un impuesto al 1,5% de los patrimonios más grandes de la Argentina, discriminando entre bienes declarados en el país y en el exterior y un impuesto al 10% de la rentabilidad neta de las 120 empresas de mejor desempeño en su último período fiscal declarado.
EL CEPA aseguraba que en relación al primer universo, si se considera el acumulado de las 50 personas con mayor patrimonio del país, el valor alcanza unos US$ 57.340 millones, lo que equivale a unos $3,6 billones de pesos . Si se cobrara un impuesto 1,5% a estas fortunas, la recaudación ascendería a $55.046 millones de pesos que podrían ser utilizados con fines específicos redistributivos.
Si se utilizaran las declaraciones de bienes personales aplicando solamente un pequeño gravamen de poco más del 1% a sólo el 0.07% de la población tomando los 50 patrimonios más grandes se podría recaudar $55.046 millones según datos de AFIP si se agranda a contribuyentes con patrimonios superiores a los U$D 800.000 se recaudarían más de $ 92.000 millones.
Si se aplicara el segundo caso a las 120 empresas más grandes de la Argentina pero solo a las que declaren rentabilidad neta (que cuando se realizó el cálculo eran 62) a grandes rasgos, una recaudación del 10% sobre la renta de estas 62 empresas arrojaría ingresos al fisco argentino por al menos $57.453 millones. Si se extrapola la información de rentabilidad disponible al 100% de las 120 firmas consideradas, el monto de recaudación sumaría $111.199 millones.
El Gobierno parece dispuesto a volver a poner el tema sobre la mesa, y no es una actitud política inocente. No es casualidad que se ponga en agenda nuevamente en el tema Ejecutivo negocia con las grandes empresas y capitales (los que serían los aportantes a este tributo) el congelamiento o el control de los precios para combatir la inflación y lograr que los números de la macro se comiencen a notar en el bolsillo de los ciudadanos.