La Justicia local condenó al estado provincial y a un empleado penitenciario a pagar 420 mil pesos por la muerte de cinco presos durante un incendio tras una revuelta en la Colonia Penal Gustavo André de Lavalle.
6 de junio de 2026
La Justicia local condenó al estado provincial y a un empleado penitenciario a pagar 420 mil pesos por la muerte de cinco presos durante un incendio tras una revuelta en la Colonia Penal Gustavo André de Lavalle.
El hecho ocurrió en el 2004 y causó conmoción en la sociedad. Ese día fallecieron Mario Guillermo Andrada, José Alejo Falcón, Javier Antonio Gualpa, Carlos Marcelo Villarroel y Sergio Darío Reales. Este último pereció como consecuencia de las heridas sufridas en los incidentes, y no como consecuencia del incendio.
Para los abogados de los familiares de las víctimas, el resarcimiento recibido es poco, aunque aclararon que es lo que generalmente se da.
Si lo tomamos como un caso común, es poco. Pero generalmente en este tipo de hechos dan esa plata. Quizá tenés un herido en un accidente de tránsito y le dan un monto similar, indicó Diego Lavado, abogado querellante en la causa.
Según consta el expediente judicial, el trágico episodio ocurrió el 1 de mayo del 2004 a las 16.30, cuando en el penal se cumplía el horario habitual de visitas.
Fue allí donde se originó una discusión entre algunos presos, lo que con el correr de la horas se transformó en un descontrol generalizado.
De acuerdo a lo que consta en el expediente, la riña se inició, aparentemente, por celos tras miradas indiscretas de algún interno hacia un familiar de otro reo.
Como consecuencia de esa gresca, resultaron apuñalados dos internos. Uno de ellos era Rosales, quien falleció antes de ser atendido en hospital Sícoli.
En ese momento, el penitenciario que se encontraba a cargo del complejo, Miguel Ángel Torrales, ordenó el encierro en las celdas de toda la población del penal.
En ese momento, desde el pabellón C comenzó a salir humo y fuego, desatándose un incendio de grandes dimensiones, según afirma el expediente judicial.
Torrales comunicó la situación al Jefe de la Penitenciaría provincial, pero desde Boulogne Sur Mer le ordenaron que fuera él quien tomara las decisiones. Y a pesar de que los internos pedían a gritos ayuda, el penitenciario mantuvo la orden de encierro.
Esta situación se mantuvo hasta la llegada de efectivos policiales de la Subcomisaría de Costa de Araujo, unos 20 minutos después.
A esa altura, el incendio ya afectaba al pabellón D, donde los internos destrozaron los candados y pudieron escapar. Sin embargo, luego de media hora, los policías fueron a rescatar a los internos del pabellón C, pero todos estos fueron sacados inconscientes.
Cuando los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado atendieron a las víctimas, confirmaron que Andrada, Falcón, Gualpa y Villarroel habían fallecido. En tanto que otros dos fueron llevados al Hospital Lagomaggiore. Uno de estos también falleció a los pocos días.
El caso, que causó conmoción y movilizó a varias autoridades policiales y judiciales, también tuvo su juicio penal. En ese proceso, la Tercera Cámara del Crimen condenó a Torrales a tres años de prisión e inhabilitación por ocho años, por el delito de homicidio culposo agravado por el número de muerte.
Cabe aclarar que durante la instrucción el caso había sido calificado por el fiscal Luis Correa Llano como abandono de persona agravado por el resultado de muerte y lesiones.
El deber del Estado
En la presentación, los abogados querellantes destacaron que las condiciones de detención se han agravado paulatinamente en los últimos años, hasta llegar a un estado donde no sólo se incumple con las funciones y fines de las penas privativas, sino que tanto los encausados como condenados, se encuentran en permanente riesgo de sufrir ataques contra su integridad física.Además, en la presentación los letrados destacaron que el servicio no funcionó correctamente, que no hubo control de internos en el horario de visitas, que los presos tenían armas blancas, que el penal no contaba con personal suficiente para controlar la situación, que los colchones de las celdas no eran del material reglamentario, que no existía un sistema para controlar incendios, que el establecimiento no tenía la habilitación municipal correspondiente, que el personal penitenciario no tenía conocimiento para manejar la situación y que la jefa del día de la penitenciaría provincial no guió correctamente a su personal, entre otros.
La sentencia
El fallo, firmado ayer por el juez Fernando Games, dicta indemnizar a algunos familiares de las víctimas por el concepto de daños y perjuicios. En ese sentido, aclara que los allegados a Andrada, Gualpa, Reales y Villarroel recibirán 104.000 pesos cada uno, mientras que para Gualpa el resarcimiento será de 4 mil pesos. Esto teniendo en cuenta el daño moral a sus familiares.