A partir del 1º de enero de 2022 comenzó a regir la ley que modificó el impuesto a los Bienes Personales, la cual fue votada en sesiones especiales a fines del año pasado, con la particularidad que el oficialismo impuso cambios al proyecto original debido a un "error de cálculo" de Juntos por el Cambio. Es que a la hora de la votación en Diputados, tres legisladores se ausentaron por diferentes motivos y le otorgaron la posibilidad al Frente de Todos (FdT) de introducir un aumento en las alícuotas que gravan el tributo, permitiendo de ese modo un impuestazo que no estaba previsto inicialmente.
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El impuestazo que avaló la diputada radical por su viaje de ocio a Disney
El foco se situó principalmente en la parlamentaria radical Gabriela Brouwer de Koning, quien decidió realizar un viaje a Disney a menos de dos semanas de asumir su banca, el cual le impidió estar presente en la votación que se definió a favor del FdT por 127 a 126.
Cuestionada por los dirigentes de su espacio, pero fundamentalmente por buena parte de los votantes de su fuerza -que se expresaron con dureza en redes sociales e incluso iniciaron una campaña en la plataforma Change.org (que lleva acumuladas casi 50 mil adhesiones) para que presente su renuncia al cargo-, la congresista cordobesa habilitó indirectamente una nueva suba que genera mayor presión impositiva a los contribuyentes argentinos.
Pero, ¿qué representa la nueva normativa sancionada en el Congreso por esos votos opositores ausentes? Desde este año, la tasa máxima de Bienes Personales pasó de 1,25% al 1,50% para los patrimonios con valor superior a los $100 millones, y al 1,75% para los activos de más de $300 millones.
Los retoques a las alícuotas de Bienes Personales representan más carga fiscal a los contribuyentes
Especialistas tributarios señalaron que esos 0,5 puntos porcentuales que agregó el oficialismo a la iniciativa original representan un incremento del 40% para el contribuyente con mayor carga fiscal. Un verdadero impuestazo.
El contador público Santiago Sáenz Valiente, socio fundador del estudio SSV y Asoc., analizó que los ajustes en las alícuotas son "inaceptables" ya que "afectan a la economía en general al impedir el crecimiento económico, pues más individuos se irán de nuestro país y se reduce la actividad económica".
"Se pregona que haciendo más progresivo el impuesto, se bajaría así el déficit fiscal. Muy por el contrario, es indispensable atenuar y adecuar el gasto para así aumentar la actividad privada, única que genera riqueza", evaluó.
La realidad marca que el impuesto hoy retocado fue creado en 1991 con "carácter de emergencia" por el término de nueve periodos fiscales. El mínimo no imponible no se modificó hasta 2015. Como consecuencia de la inflación y de esa no actualización, cada año creció la cantidad de ciudadanos alcanzados por el tributo.
Entre 2016 y 2019 esa base se elevó progresivamente, y quedó fija en 2 millones de pesos en los últimos dos años. Si bien la ley nueva volvió a aumentar ese piso, se sumó el incremento de las tasas que provocó otra inequidad en la valoración de los bienes y distorsiones fiscales que afectan el ahorro y desincentivan la inversión.