El Gobierno promulgó la ley 27.562 de ampliación de la moratoria fiscal, que permite a personas físicas y jurídicas poder pagar deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas al 31 de julio en planes de entre 48 y 120 cuotas. Y prevé premios para los contribuyentes cumplidores.
Se trata de la norma sancionada por el Senado el 13 de agosto pasado, que quedó ahora promulgada con su publicación en el Boletín Oficial hoy. Para acceder a los beneficios, los deudores deben inscribirse hasta el 31 de octubre en el plan cuyo primer pago vencerá el 16 de noviembre: las deudas previsionales se podrán pagar entre 48 y 60 cuotas y las tributarias en 96 o 120 cuotas, con un interés del 2% mensual hasta enero de 2021 y en adelante a una tasa variable.
La caducidad de la moratoria será por falta de pago de tres cuotas para grandes empresas y de seis para micro, pequeñas y medianas empresas. Y, con el objetivo de normalizar deudas por más de $500 mil millones, contempla estímulos y también castigos.
Condonación de cuotas y descuento al contado
Las empresas grandes que adhieran no podrán en los próximos 2 años distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder a la compra de dólares para realizar pagos a entidades vinculadas, según establece la ley. El acceso a la moratoria está vedado para quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen al menos 30% en 60 días.
Además, se fija un premio para cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo inversamente proporcional por categorías: las A y B dejarán de pagar 6 cuotas, las C y D, 5. En el caso de las E y F, el perdón será 4 cuotas, para la G, 3; y las I, J y K, 2.
En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los $ 17.500, habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado. Por otra parte, la normativa incluyó a las organizaciones comunitarias como beneficiarias de la moratoria, lo que conlleva la suspensión de acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal.