Transcurridos casi tres meses desde la resolución judicial, son pocas las personas privadas de la libertad en Mendoza que efectivamente han accedido a este beneficio. Así lo confirmó el magistrado en diálogo con Sitio Andino.
"Del relevamiento que ordenamos al Servicio Penitenciario se desprendió que alrededor de 500 personas estaban habilitadas para solicitar la prisión domiciliaria. Pero no todas se plasmaron en pedidos formales. En mi juzgado (Penal Colegiado Nº 1), desde el inicio de la pandemia, ingresaron cerca de 120 pedidos y hasta el momento otorgamos 14 domiciliarias", informó Sarmiento.
La proporción se repite en el resto de los juzgados de la provincia y el país. "La mayoría de las personas que acceden a esta instancia son mujeres, fundamentalmente por el cuidado de menores", explicó el juez.
Según información recabada de Xumek, Atajo (Agencia territorial de Acceso a la Justicia) y la Defensoría de Ejecución Penal, entre el fuero federal y provincial, en Mendoza se han otorgado cerca de 150 prisiones domiciliarias (entre personas condenadas y procesadas) durante la pandemia. El número disminuye considerablemente en casos de presos/as con condena.
Requerimientos para obtener la prisión domiciliaria
La dificultad de otorgar el beneficio se basa en los factores que se tienen en cuenta para resolver favorablemente. Sarmiento detalló que, además de integrar el grupo de riesgo de coronavirus, se analizan otros parámetros como la gravedad y característica del delito cometido, las condiciones del domicilio donde cumpliría la pena, la cercanía con la víctima, factores psicológicos, sociales, y si la persona no cuenta con antecedentes de fuga. "Con todo ese combo' de información se resuelve", indicó.
Otro condicionante es el tiempo de condena que le resta cumplir. En casos de prisión perpetua "es muy difícil el otorgamiento porque no hay ningún parámetro de seguridad para que cumpla la pena en domiciliaria", señaló el magistrado.
Por otra parte, el faltante de tobilleras electrónicas para controlar el cumplimiento del beneficio se ha sumado como causante a la hora de rechazar un pedido. Cuando el o la interna ha cometido un delito menor o le queda escaso tiempo de cumplimiento de la pena, se ha resuelto implementar un sistema de videollamadas por WhatsApp para suplir la carencia de tobilleras.
"Se trata de un sistema basado en la confianza para condenas cortas ante la necesidad de buscar alternativas de monitoreo. Se llama a la persona en forma aleatoria en distintos momentos del día y se verifica que se encuentra en el domicilio elegido para cumplir el régimen. Para ello, tomamos como referencia tres imágenes de la vivienda que obtuvimos en un paso previo. Además, se le garantiza crédito y datos móviles para que pueda cumplir con la medida", especificó Sarmiento.
"A diferencia de lo que se sospechaba -manifestó el juez- hemos tenido muy buenos resultados. No hubo crecimiento de hechos delictivos con móviles, ya que los aparatos están claramente identificados (dirección de IP y número de IMEI) porque deben pasar por un proceso de registración".
"No sólo que pueden mantener contacto con sus familiares, lo que los ha calmado muchísimo, sino que algunos internos nos presentan sus peticiones en mesa de entradas virtual vía correo electrónico. Además, se ha podido sostener la educación en contexto de encierro a distancia, experiencia que seguramente sostendremos en el tiempo", concluyó Sarmiento.