La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyánse pronuncia con preocupación a la instauración de un bono salarial obligatorio para el personal registrado. "No hay que cometer el error de simplificar que estamos en contra de los asalariados, por el contrario, trabajamos para dar empleo", manifestó Diego Stortini, presidente de La CIAT.
Por su parte, remarcó las razones de esta oposición: "Las realidades del interior del territorio son disímiles en función de la actividad y de la localización de las diferentes empresas. El agricultor hoy está en una situación muy complicada, tratando e intentando hacer rentable su negocio, y lejos está de poder pagar un bono. Por lo tanto,la medida no toma en cuenta la realidad sectorial, hay sectores que pueden pagar, y otros que no".
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De este modo, profundiza la problemática territorial, ya que en el interior de Mendoza sólo subsiste la agricultura y el comercio, ya que la industria y otros sectores desaparecen día a día. El 50% de la economía del interior de la provincia está informalizada. Esta medida es de escaso impacto, y pega de lleno en la agricultura y comercio.
"Hay que mencionar que esta medida es obligatoria para las empresas que tienen su personal registrado, y alienta a la informalidad. Pagan los que ya están pagando, y da más competitividad a los que tienen empleo informal", puntualizó Stortini.
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La Cámara solicita que esta medida no sea obligatoria y en caso de establecerse, "solicitamos la incorporación del personal no registrado y que se tomen medidas con inequidad de condiciones para todos los trabajadores. Y segundo, invitamos a que si el bono se instaura se utilice algún mecanismo de crédito fiscal para ser computado como pago a cuenta de impuestos nacionales o/y provinciales".
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