El jefe del bloque oficialista en la Legislatura de Santa Cruz, Rubén Contreras, afirmó que si fuera por él "le sacaría todo" a YPF en esa provincia, en el marco de la disputa que aún se mantiene por 22 áreas de exploración.
El jefe del bloque oficialista en la Legislatura de Santa Cruz, Rubén Contreras, afirmó que si fuera por él "le sacaría todo" a YPF en esa provincia, en el marco de la disputa que aún se mantiene por 22 áreas de exploración.
"Yo le sacaría todo", dijo Contreras, quien habló de un "abandono total" por parte de YPF y se quejó de que "no se realizan siquiera tareas de mantenimiento de las instalaciones".
Para el legislador oficialista, los fondos que percibe Santa Cruz por regalías "se habrían duplicado si YPF hiciera las inversiones correspondientes".
Según indicó en declaraciones periodísticas, el criterio de la empresa es que "pozo que no funciona, se para", situación que en las áreas revertidas afecta "la gran mayoría" de las torres petroleras.
"No hay inversión en baterías, oleoductos, recuperación secundaria" y otros aspectos de la producción, puntualizó el diputado provincial.
Además, cuestionó la falta de inversiones de YPF en "áreas más importantes", y consideró que la participación de la provincia en las nuevas adjudicaciones debería ser "de, por lo menos, un 25 o un 30% en la explotación".
Contreras se pronunció de esa forma antes de que el decreto del gobernador Daniel Peralta que le quitó áreas petroleras de exploración a YPF en la provincia ingrese a la Legislatura provincial para su ratificación.
Santa Cruz le sacó a la empresa esta semana las áreas petroleras "Los Monos", "Cerro Guadal Noreste" y "Cerro Piedras", en el golfo San Jorge.
Pero la gestión de Peralta intimó a YPF por otras 22 áreas, sobre las que podría tomar medidas la semana próxima.
YPF tomó vista del expediente enviado por la Provincia el lunes pasado y a partir de ese día la empresa tiene diez días hábiles para responder por el pedido de explicaciones que le hizo Santa Cruz por la supuesta desinversión.
La intimación la hizo la semana pasada el gobierno de Santa Cruz a través de la Fiscalía de Estado provincial.

