La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó un fallo en el que hace lugar a un pedido de habeas corpus presentado por el abogado Carlos Varela Álvarez en el cual solicita "cesar las condiciones inhumanas, crueles y degradantes" de las personas con prisión preventiva presas en los penales de Almafuerte y San Felipe.
Varela Álvarez interpuso una acción de habeas corpus correctivo y colectivo ante la Suprema Corte en favor de la totalidad de los dos centros de detención para que "cesen las condiciones inhumanas, crueles y degradantes de las personas sometidas a prisión preventiva", se busquen alternativas a la prisión preventiva, se ordene al Poder Ejecutivo la "entrega de recursos económicos para la reparación y construcción de los establecimientos para aportar higiene y seguridad".
Además solicita que se intime a la Legislatura para que apruebe un presupuesto para el Procurador Penitenciario de las Personas Privadas de Libertad.
El letrado argumenta que realiza esta presentación debido a una visita realizada a las unidades carcelarias en la cual evidenció la existencia de basura, hacinamiento, violencia intracarcelaria e institucional y que los establecimientos carecen de las más mínimas condiciones de higiene y seguridad.
En el fallo de la Corte, firmado por los ministros de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro, Julio Gómez, Omar Palermo, Jorge Nanclares y Herman Salvini, se hace lugar a este pedido de habeas corpus y se le pide al Poder Ejecutivo presentar un cronograma de tareas con la respectiva programación financiare para realizar las mejoras edilicias aprobadas por el máximo tribunal provincial.
También hace un llamado a la vicegobernadora Laura Montero, como presidenta del Senado, y a Néstor Parés, como presidente la Cámara de Diputados, para que den un ágil y oportuno tratamiento legislativo a las iniciativas que envíe el Ejecutivo para cumplir con la resolución de la Corte.
Asimismo encomienda al Gobierno a realizar las gestiones para agilizar la construcción de la cárcel federal con el fin de evitar el hacinamiento en los penales actuales.
En tanto, se ordena conformar una Mesa de Trabajo Institucional integrada por la Corte, el Ejecutivo y la Legislatura, el Procurador General y el Procurador de las Personas Privadas de Libertad para tratar una serie de medidas para mejorar las condiciones de alojamiento de los presos en las unidades carcelarias de la provincia.
Este fallo del Suprema Corte provincial sigue la misma línea de aquel dictado a fines del 2015 por el mismo tribunal respecto de un habeas corpus colectivo presentado por el Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Asociación Xumec, respecto a los detenidos con prisión preventiva.
En su momento, el gobernador Alfredo Cornejo y el oficialismo se opuso abiertamente a esa resolución argumentando que era de imposible cumplimiento lo dispuesto por la Corte y diciendo que el fallo atentaba contra la seguridad de las sociedad. La apelación del Ejecutivo provincial se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La semana pasada la Legislatura provincial convirtió en Ley un proyecto del oficialismo que establece modificaciones al régimen de prisiones preventivas. La nueva norma determinará los tiempos de detención y tiene el objetivo de otorgar mayor celeridad en las etapas procesales.
Este es el nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza:
