demanda civil

El Estado tendrá que pagar más de 800 mil pesos por el crimen de un preso

El interno fue detenido por un robo y a las horas fue asesinado en el penal de San Felipe. Indemnizarán a sus hijos y a su pareja.

Por Pablo Segura

La Justicia condenó al Estado provincial y ordenó que indemnice a la familia de un presos que fue asesinado en el penal, a horas de ser detenido por un robo.

Tal como lo decidió la jueza María Eugenia Ibaceta, cada uno sus dos hijos recibirán 300 mil pesos, mientras que la pareja del interno será indemnizada con 200 mil. A estos montos, deberá sumarse los intereses desde el día del hecho, a la actualidad.

Todo ocurrió el 21 de enero del2009, día en que Franco Martín Peña Oros fue aprehendido, al ser el supuesto autor de un robo. Quedó detenido, en forma provisoria, en la Comisaría 36 de Las Heras y al día siguiente se firmó su pase al penal de San Felipe.

A las horas de ingresar al penal, fue brutalmente golpeado por otros internos, en uno de los baños del pabellón.

En la presentación judicial, su familia denunció que en todo momento Franco estuvo en un estado de abandono “por parte de aquellas personas que debían velar por su guarda, vigilancia, custodia, seguridad personal y no lo hicieron”.

Lo cierto es que el interno ingresó en gravísimo estado al hospital Lagomaggiore. Los médicos le diagnosticaron politraumatismos graves, lesiones encefálicas, hemorragias internan, quemaduras de cigarrillos, contusiones, cortes y excoriaciones múltiples, entre otros. Todo esto fue corroborado por los peritos del Cuerpo Médico Forense.

En ese estado permaneció una semana, hasta que el 28 de enero, el joven dejó de existir.

La familia demandó al Gobierno provincial, y la Justicia, tal como hace en este tipo de hechos, falló a favor de la víctima.

Para ello, la jueza se basó en fallos de la Suprema Corte de Justicia, donde se ha sostenido que “la responsabilidad penitenciaria es una obligación de resultado”.

“La Provincia debe asegurarle a los internos su integridad física, y desde luego la vida a quienes cumplen penas en ella. Tal como el transportista tiene una obligación objetiva y de resultado de asegurarle al pasajero el arribo en tiempo y forma a su lugar de destino”, expresa en el fallo.

Además, a la hora de fundamentar la decisión, la magistrada afirmó que existió “una omisión antijurídica, ya que era dable esperar que el Estado a través de sus funcionarios y agentes hubiera actuado diligentemente, tomando las medidas necesarias para que aquel no pudiera ser atacado por otras personas que le produjeron lesiones tan graves que le ocasionaron la muerte”.


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