Día Clave en el Congreso

Ley Bases, ¿beneficios a la economía de Mendoza?

La Ley Bases y el paquete fiscal que se votan hoy el Senado son un quiebre simbólico en la relación del gobierno de Milei con la sociedad y la política.

Por Marcelo López Álvarez

Es más que prematuro hacer algún punteo de la Ley ómnibus (o Ley Bases) que a esta hora ni siquiera está seguro su aprobación en el Senado y mucho menos su ratificación en Diputados. Sin embargo, la dirigencia política lo ha tomado como un quiebre simbólico de lo que puede pasar con la relación del gobierno de Javier Milei con la sociedad y la política.

Los cuestionamientos de Cornejo se basan en el régimen de atracción de inversiones al que considera con un piso muy alto para la entrada al régimen.

En aquella ocasión el gobernador de Salta también había coincidido con el mendocino en la generosidad excesiva del proyecto, pero “es lo que hay”.

Así como está planteado tiene razón Cornejo en sus cuestionamientos ya que solo deja la puerta abierta a grandes inversiones mineras, de energía o de petróleo, pero sobre todo las primeras y allí Mendoza corre claramente con desventaja por su situación en el marco legal y social.

Si los pisos de entrada fueran más bajos (diríamos que mucho más bajos) sí se abriría la posibilidad para inversiones más relacionadas con las economías regionales pudieran aprovechar el RIGI e impulsar las demacradas arcas de las provincias. Sin embargo los senadores no lograron cambiar ese ítem y por ahora todo sigue igual.

Hace unos días Sitio Andino realizó un punteo de los cambios que hasta ese momento se conocían del proyecto, pero nada es definitivo y hasta que no termine la votación en particular no se tendrá el texto definitivo.

Voces a favor y en contra del proyecto

Así como Cornejo tiene sus reparos con el RIGI, Anabel Fernández Sagasti no ve nada bueno ni en el RIGI ni en el proyecto en general y los representantes de los trabajadores muestran su preocupación por el cambio en ganancias (que tampoco está firme)

La aprobación del paquete fiscal que acompaña a la Ley Bases significa que miles de mendocinos volverían a pagar impuesto a las ganancias por sus salarios ya que el piso sigue siendo muy bajo para los valores de referencia que pueden significar la canasta básica alimentaria.

Pero hay que ser claro, el panorama político e institucional, no parece mostrar que ninguna de las dos leyes tenga tratamiento final rápido en Diputados si hoy o mañana pasarán por el Senado.

Mendoza de aquí a un tiempo largo (si la ley se aprobará en su vuelta a diputados) podría beneficiarse con alguna inversión minera si se logra saltar las restricciones legales y sociales y alguna inversión en obras de energía o algo en la lengua mendocina de Vaca Muerta, pero no mucho más.

La posibilidad que proyectos de ley como este reactiven las economías regionales que requieren inversiones menores, pero contextos estables tanto en lo jurídico como en lo económico, quedan fuera de la idea del Gobierno Nacional -que profundiza con este proyecto- de transformar a la Argentina en un proveedor exclusivo de commodities y mano de obra barata al mundo.

Puntos más destacados del paquete fiscal

  • Impuesto a las ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual pero, ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.
  • Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$ 100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
  • Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de 5 años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.
  • Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
  • Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

Puntos más destacados de la “Ley de bases”

  • Facultades delegadas. De las once emergencias reclamadas originalmente, la Casa Rosada pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso: administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
  • Privatizaciones. De las más de 40 empresas sujetas a privatización, el Gobierno redujo sustancialmente este número y las limitó a nueve. Se incluyen Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, se propone que sean privatizadas de manera parcial las empresas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales. El oficialismo debió dar marcha atrás en privatizar el Banco Nación y a las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros.
  • Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Sectores de la oposición dialoguista pretenden que también las PyME puedan ingresar en este régimen con un monto de inversión menor.
  • Moratoria previsional. Los legisladores amigos colaron un régimen de Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de los 30 años de aporte. Fue una demanda opositora ante la decisión del oficialismo de eliminar las moratorias previsionales.

Proyecto completo de la Ley de Bases

CD1_24PL.pdf

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