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Aunque desde el Gobierno dan luz verde a las empresas para decidir, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores acelera la discusión en paritarias. ¿Qué sueldos pretenden los gremios? ¿Cuál es la postura de la patronal? ¿Cuánto están dispuestas a ofrecer las empresas en un 2024 marcado por una inflación que corroe el bolsillo a una velocidad pasmosa?.
En la primera semana del año el sindicalismo en Mendoza parece aprestarse para lo que viene. Y mientras representantes de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) mantenían un plenario con ese fin, la cúpula de la CGT local se prepara para una cumbre en los próximos días en Buenos Aires.
Un caso testigo es el de la vitivinicultura, actividad insignia de Mendoza si las hay.
A poco de terminar el convenio 2023, las partes (trabajadores, bodegas, productores) se preparan para discutir cómo actualizar salarios en un escenario tan volátil a partir de un pedido de apertura de paritaria 2024 que SOEVA (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de Argentina) presentará al Ministerio de Trabajo el miércoles 10.
El convenio actual acaba de incorporar al básico 2 revisiones por inflación, que suman $60.000. Un 30% más, que dejó en $240.000 promedio el sueldo para operario de bodega, y alrededor de $228.000 para el trabajador de viña.
"Con la devaluación y la suba de precios ya nos quedamos cortos, por eso veremos si se actualiza por inflación. Sin contar que volvió a subir la nafta y en febrero empiezan las clases, con suerte sería un 30%", afirma Miguel Rubio, representante del gremio vitivinícola.
En Soeva barajan otra alternativa si las cámaras empresarias (Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola y Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, entre otras) no acceden a otra revisión inflacionaria: arrancar la nueva discusión anual con un pocentaje considerable, que la contemple, algo que la patronal quiere evitar.
Otra situación de referencia es la de los salarios del sector del petróleo. Es que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo viene de cerrar una revisión que incluyó un 23% en noviembre y 17,5% para cerrar el año, pero va por otro 17,5% en febrero y un 10% en marzo.
Mientras el artículo 4 del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del presidente Milei parece entrar en una burbuja a raíz de una medida cautelar que lo suspende, las negociaciones por salarios están a la orden del día.
Otro pedido de reapertura de paritarias apenas estrenado el Año Nuevo es el del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (Suoes) de Cuyo, que representa a más de 5.500 trabajadores de la región (un 80% en Mendoza).
Desde el entorno del secretario general José Escoda lo definen como "una paritaria permanente, porque estaba prevista para febrero y se adelanta para enero. Hoy se puede discutir sobre ciertas cifras que quizá mañana cambien, no hay una referencia ni para los trabajadores ni tampoco las empresas por la evolución de sus costos".
La nueva actualización parte de un salario básico de $325 mil, que llega a $380 mil con adicionales aunque no refleja el 30% de inflación esperada de diciembre. Y de cara a la próxima reunión, en el gremio asumen que "entre ambas partes debemos buscar una salida, llámese bono de $100 mil, suma no remunerativa o lo que sea".
Como sea, lo que también se reconoce es el cambio acelerado en la modalidad de la paritaria, que en el lapso de un par de años pasó de ser anual a semestral. Ya en 2023 se convirtió en trimestral, y parece dar paso a un ritmo mensual.
En Argentina, el sueldo pretendido promedio según el Index de Mercado Laboral de Bumeran ronda los $451.287 por mes. Pero en el acumulado anual aumentó un 107,54%, por debajo de la inflación del 148% acumulada hasta noviembre de 2023.
¿Quién querrá trabajar por menos de $450.000?, se preguntan en Soeva como para empezar a preparar el terreno de la discusión que se viene, y promete ser álgida. Sobre todo para un sector vitivinícola acostumbrado a lidiar con problemas para disponer de cosechadores durante las últimas vendimias.
Según Walter Pavón, coordinador de Bodegas de Argentina "la situación es muy delicada tanto para los trabajadores como para las empresas, que hacen un esfuerzo grande para atender sus necesidades en el contexto actual. Se debe ir monitoreando regularmente como avanza la stuación económica y los cambios que lleva adelante por el Poder Ejecutivo nacional".
El directivo asegura que " hay diálogo con el sindicato para analizar como termina el presente periodo de acuerdo y las mejoras en los salarios que pudieran ser necesarias debido al impacto de la inflación", mientras se calientan motores para la nueva negociación del periodo 2024-25.
Con todo lo dicho, las empresas delinean su política salarial del horizonte próximo. Nadie puede (ni quiere) adelantarse al devenir de la economía, y por lo tanto del mercado laboral, más allá del primer trimestre de este 2024.
De hecho, un relevamiento realizado por la consultora Gestión a 140 empresas rescata la postura predominante respecto al ajuste salarial previsto para el período enero-marzo 2024.
"Es difícil prever qué harán el resto del año. En este momento para las empresas son decisiones de corto plazo", analiza la economista Paula Pía Ariet, responsable de Gestión, al destacar que el poder adquisitivo del salario perdió 25 puntos frente a la inflación en 2023.
Para adelante, las partes al menos demuestran cierta vocación sobre la frecuencia de actualización de los sueldos. Si bien tiene un piso de 2 dígitos desde noviembre, la inflación mensual no necesariamente se trasladará a las remuneraciones al mismo ritmo: en principio, todo indica que, si hay acuerdo general, se haga cada 3 meses.
Así, las empresas relevadas proyectan que a marzo los salarios terminará acomodándose hasta un 60%. Y que de aquí a fin de año el sueldo en las condiciones actuales, podría crecer entre un piso de 175% y un techo que superaría el 200%.
Otro antecedente que puede marcar la discusión se dio en 2023: hasta noviembre, las pymes aplicaron un ajuste salarial de más del 126%, casi 10 puntos más que el de las empresas grandes, en promedio. Aunque éstas últimas repuntaron en diciembre al ofrecer un 25,3%, casi la inflación prevista para el mes.
Sin embargo, cámaras y gremios esperan a lo que pueda ocurrir con el DNU de Milei más allá de la medida judicial que lo suspende. Todo responde a que, de ponerse en vigencia finalmente, terminará de imponer la libertad de acción para las empresas, lo cual, al mismo tiempo, significará algo así como vaciar de contenido las paritarias.
Como sea, los analistas se detienen en un hecho puntual: que todos los trabajadores, en mayor o menor medida, pierden puntos de poder adquisitivo, y 2024 no será la excepción.