La privatización de IMPSA se vuelve cada vez más dificultosa y crecen las dudas sobre el futuro de la histórica empresa.
Tal como lo expresamos en Radio Andina y en estos espacios en Sitio Andino, la privatización de IMPSA estaba lejos de concretarse. Las supuestas fechas límite o la preadjudicación -presentada como adjudicación final en una desmedida operación de prensa- solo eran maniobras para ganar tiempo.
El objetivo de este "ganar tiempo" era, y sigue siendo, uno solo: evitar que el primer "hito" privatizador de Javier Milei termine en un fracaso. La nueva fecha límite, no confirmada oficialmente, del 10 de febrero, parece ser más de lo mismo.
El proceso de privatización de la compañía, que lleva meses en negociación, sigue en un escenario crítico tras el continuo vencimiento de los plazos para la presentación de un acuerdo global de reestructuración de la deuda, que, como ya se informó, supera los 565 millones de dólares.
La situación, sin embargo, puede resumirse de manera sencilla para los lectores que no siguen el tema de cerca: los acreedores quieren cobrar, y ARC Energy (la única oferente) no quiere pagar.
La magnitud de la deuda, la multiplicidad de acreedores y los conflictos de intereses dentro del propio gobierno nacional —como contó Sitio Andino el domingo pasado—, sumado a la idea de los preadjudicatarios de que podían quedarse con IMPSA a precio de remate, hacen que la negociación sea interminable.
ARC Energy tiene un punto en contra fuerte en la mesa de discusión: los acreedores tienen un caso sólido, ya que podrían reclamar su deuda total no contra IMPSA, sino contra los Estados Nacional y de Mendoza. Entonces, ¿por qué ceder a los pedidos de renegociación de ARC Energy?
ARC Energy es una empresa perteneciente al fondo de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF). Según algunos medios de comunicación voceros -jamás identificados-, se muestran optimistas respecto al cierre del acuerdo. Más de lo mismo, también lo expresaron antes de la fecha límite de diciembre y de la del 31 de enero.
La deuda de IMPSA es diversa y compleja. Incluye a entidades internacionales como Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento, así como fondos de inversión como el Grupo Moneda de Chile, del cual el chileno José Luis Daza fue director principal hasta que renunció para asumir como viceministro de Economía de este gobierno.
A este lote de acreedores se suman los locales, como el Banco Nación, el Hipotecario y el BICE. Según fuentes cercanas a la negociación, ARC reclama una importante quita de la deuda y ofrece un bono en dólares con vencimientos entre 2028 y 2035. Condiciones que los acreedores, sobre todo los internacionales -que manejan e invierten fondos de pensión, como el Grupo Moneda- no aceptan.
En las últimas horas también se conoció que el Estado argentino tampoco le garantiza a ARC los contratos de este con IMPSA, que están bajo la lupa de Javier Milei. Si bien nadie lo confiesa, es un secreto a voces que ARC Energy tenía la intención de quedarse con IMPSA solo capitalizándola con unos 25 millones de dólares en poco más de cinco años, y licuar la deuda, sobre todo con los acreedores vinculados al Estado.
La relación de ARC Energy con figuras políticas ha añadido un matiz intrigante al proceso. Jason Arceneaux, CEO de ARC Energy y fundador de IAF, junto con otros directivos de la empresa, han sido identificados como donantes de la campaña de Donald Trump. Además, Mike Pompeo, exsecretario de Estado bajo la anterior administración de Trump, asesora actualmente a ARC Energy en proyectos petroleros en Guyana. Estas conexiones han generado especulaciones sobre posibles influencias en la privatización de IMPSA, especialmente en un contexto político y económico tan volátil como el actual.
La prórroga solicitada por ARC Energy es tolerada por el gobierno, que enfrenta una situación de urgencia política en torno a IMPSA. Mientras tanto, 700 trabajadores directos y la historia de la industria metalmecánica argentina ven cómo el verde esperanza se transforma en verde oscuro.