El Gobierno nacional oficializó ayer el proceso de la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), la empresa estatal responsable del abastecimiento de agua potable y el servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
- Sitio Andino >
- Economía >
Privatización del agua: una apuesta riesgosa de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización de AySA. Críticas por riesgos sanitarios y antecedentes fallidos en la gestión del agua.
El Decreto 494/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, avanza en la decisión del Gobierno de desprenderse de las empresas en manos del Estado bajo una premisa ideológica que, en realidad, parece ocultar la realidad: la necesidad imperiosa de conseguir divisas a cualquier costo.
La iniciativa autoriza la venta del 90% del capital accionario de la compañía —hoy en manos del Estado nacional— a través de un procedimiento en dos etapas: primero, la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico del sector, y luego, la colocación del resto del capital en bolsas y mercados locales. El decreto, a pesar de lo prometido a los gremios, no deja ningún porcentaje para programas de propiedad participada ni preferencias para que los empleados accedan a acciones de la empresa.
Fundamentos oficialista para la privatización
El Gobierno justifica la medida señalando que AySA ha operado con déficit sostenido desde su creación en 2006, con una fuerte dependencia de transferencias del Tesoro Nacional, que entre 2006 y 2023 ascendieron a unos 13.400 millones de dólares. A pesar de esta asistencia financiera, el Ejecutivo considera que no se logró evitar un deterioro en la eficiencia, la productividad y la calidad del servicio.
Desde la oposición y los especialistas en el tema ponen en duda que las afirmaciones sean reales y advierten que el servicio de agua, por cuestiones de derecho internacional y de sanidad y salubridad pública, debe estar en manos del Estado.
El decreto establece con claridad la línea ideológica del oficialismo: “La intervención estatal no ha dado los resultados esperados”, sostiene el texto normativo, al tiempo que subraya que la continuidad del servicio no debe implicar “importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
Desde la vereda de enfrente recuerdan la fallida experiencia de los 90 con los operadores franceses y advierten que la erogación no debe ser argumento cuando se puede poner en riesgo la salud de la población del ejido urbano más superpoblado de la Argentina.
Mendoza, por otro camino
Si de experiencias fallidas en el rubro se habla, no se puede dejar de lado la gestión privada de lo que era Obras Sanitarias Mendoza, también en manos francesas con socios locales y un proceso (al igual que el de Obras Sanitarias de la Nación) centrado en la maximización de las ganancias y un abandono casi total en las obras de infraestructura, del cual hoy Mendoza todavía no se recupera.
Por ahora no aparece en el horizonte nada que haga indicar que AYSAM pueda seguir el camino libertario, y la apuesta parece ser seguir cuidando la salud pública y mantener la empresa en la órbita estatal, y seguir desarrollando obras que recuperen tiempo y calidad perdida.
Los antecedentes que no ayudan
AySA fue creada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, luego de la rescisión del contrato con Aguas Argentinas S.A., concesionaria privada bajo el control del grupo francés Suez desde la década de 1990. La empresa fue constituida como sociedad anónima estatal, con el objeto de garantizar la provisión de agua y saneamiento como servicio público esencial, bajo regulación estatal directa.
Según los últimos datos disponibles, AySA cuenta con 6.222 empleados (mayo de 2025), lo que representa una reducción del 20% respecto de noviembre de 2023. La plantilla actual está conformada por 31 directivos, 3.462 técnicos y profesionales, 585 administrativos y 2.158 operarios.
En cuanto al área de servicio, AySA opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura que alcanza al 75,1% en agua potable y 62,8% en cloacas. Sin embargo, los datos muestran disparidades entre las zonas más urbanizadas y los municipios incorporados más recientemente, que presentan niveles de cobertura sustancialmente más bajos.
Desde el punto de vista financiero, AySA fue una de las empresas públicas con mayor déficit operativo en 2023, con 117.000 millones de pesos. No obstante, en 2024 registró por primera vez un resultado operativo positivo de 44.421 millones de pesos, en parte debido a la segmentación tarifaria, reducción de subsidios, abandono de toda inversión en obras de infraestructura y mejoramiento del sistema.
El marco regulatorio y las condiciones del traspaso
Previo al anuncio, el Gobierno emitió el DNU 493/2025, que modificó aspectos clave del marco normativo aplicable a la empresa. Entre los cambios más relevantes se destaca la posibilidad de interrumpir el servicio por falta de pago, así como reducciones en los criterios de acceso a la tarifa social.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso de venta, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada con el objetivo de asistir en los procesos de enajenación de activos estatales.
Un debate abierto: ¿público o privado?
La privatización de servicios esenciales como el agua genera un debate de fondo en la región. En América Latina, países como Uruguay, Bolivia y Ecuador prohíben en sus constituciones la participación privada en el servicio de agua y saneamiento, mientras que otros, como Chile, han avanzado hacia esquemas con predominio de empresas privadas.
Argentina ha transitado por ambos modelos. La experiencia privatizadora de los años 90, y su posterior reversión, dejó un saldo ambivalente. Diversos estudios, como los de Miguel Solanes (CEPAL), advierten que no existen evidencias concluyentes que indiquen una superioridad del modelo público o privado. Más bien, el éxito depende del diseño institucional, la capacidad regulatoria y las condiciones contractuales de cada caso.
En el caso de AySA, el debate continúa abierto. Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de una política de ajuste y racionalización del gasto, distintos sectores alertan sobre los riesgos que implica transferir un servicio estratégico a manos privadas, especialmente en lo que respecta a la equidad territorial, la calidad del servicio y la asequibilidad para los sectores más vulnerables.