Morosidad récord: qué bancos ofrecen alguna alternativa a los deudores ahorcados
La morosidad alcanzó el 12,1%, el nivel más alto desde 2001. Bancos y provincias lanzan planes para refinanciar deudas y contener el sobreendeudamiento.
Varios bancos públicos y provincias buscan una solución al aumento de la morosidad
La morosidad en el sistema financiero argentino alcanzó en abril el 12,1% del total de los créditos otorgados por los bancos y fintech a personas y familias, 8,4 puntos por encima del nivel registrado un año atrás, según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina. El dato es el más alto desde la crisis de 2001 y marca un punto de inflexión que ya no puede ser ignorado: el endeudamiento de los hogares se convirtió en un problema de escala sistémica que obliga a gobiernos y entidades financieras a diseñar respuestas de emergencia.
Según estimaciones del Banco Provincia, esa tasa de irregularidad afecta a uno de cada seis adultos argentinos, es decir, a 6,3 millones de personas. El fenómeno no se limita al sistema bancario tradicional: en el segmento no bancario (billeteras virtuales, mutuales, cooperativas y financieras del interior), la mora ronda el 25%, con un impacto particularmente severo entre jóvenes y jubilados.
El origen del problema hay que buscarlo en la política monetaria del año pasado, cuando las tasas de interés treparon muy por encima de la inflación en un contexto en que los salarios se indexaban apenas al ritmo de esa inflación. El resultado fue una combinación explosiva: cuotas que se encarecieron en términos reales, ingresos que no acompañaron ese ritmo y una creciente cantidad de familias que comenzaron a recurrir a nuevos créditos para financiar los anteriores. Ese fenómeno dio lugar a la figura de los llamados "deudores zombies": personas que permanecen dentro del sistema financiero pero que destinan una porción creciente de sus ingresos a refinanciar obligaciones sin lograr reducir el capital adeudado.
Una respuesta que se expande por el territorio
La primera jurisdicción en reaccionar fue la provincia de Santa Fe, que a fines de abril lanzó el denominado Plan de Protección de los Ingresos, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La iniciativa apunta a empleados estatales, jubilados, trabajadores privados y autónomos cuyos haberes se ven recortados por descuentos asociados a créditos. El eje de la propuesta es la reducción del tope de descuentos sobre el salario del 50% al 25%, lo que obliga a reordenar el sistema vigente y a renegociar condiciones con cooperativas, mutuales y financieras que operan mediante códigos de descuento. Según datos provinciales, el 35% de los empleados estatales santafesinos tiene descuentos por créditos en sus recibos, y unos 12.000 superan ese umbral del 25%.
Al plan santafesino se sumaron en las últimas semanas el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Provincia y el Banco de Córdoba, cada uno con esquemas propios que comparten un objetivo común: unificar deudas dispersas en un único crédito, con tasas y plazos más manejables.
Las opciones del Banco Nación
El mayor banco del sistema financiero argentino habilitó tres líneas diferenciadas. La primera es un préstamo de unificación con tasa nominal anual fija del 65% (costo financiero total del 114,21% anual) y plazos de hasta 72 meses, con un máximo de 100 millones de pesos, dirigido a quienes perciben sus haberes en la entidad y registran atrasos que no superen los 12 meses.
La segunda línea cubre la refinanciación de saldos de tarjetas emitidas por el propio banco: hasta 10 millones de pesos, con una tasa del 35% anual y plazos de hasta 60 meses para quienes acumulan hasta 90 días de atraso. Para deudores con atrasos mayores, el banco ofrece plazos de hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia.
La tercera opción, disponible a partir de esta semana, está destinada a clientes clasificados en las categorías 1 y 2 de la Central de Deudores del Banco Central. Prevé el financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada, con un límite de 100 millones de pesos y un plazo máximo de 120 meses (equivalente a 10 años). El crédito puede tomarse a una tasa de 10% más UVA o con un punto porcentual adicional si se opta por la cobertura CER-CVS, que ajusta la cuota por evolución salarial. El monto de la cuota no puede superar el 25% de los ingresos del deudor.
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El Nación uno de los primeros bancos en poner en marcha un programa de consolidación de deudas
El programa de la Ciudad de Buenos Aires
La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, con la única abstención del bloque de La Libertad Avanza. La norma, que aún aguarda reglamentación por parte del jefe de Gobierno Jorge Macri, crea una línea especial de crédito a través del Banco Ciudad para la refinanciación de deudas de consumo de residentes en situación de vulnerabilidad financiera.
Para acceder al programa, los interesados deberán acreditar residencia en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años, registrar deudas originadas exclusivamente en tarjetas de crédito o préstamos bancarios (quedan excluidas las billeteras virtuales y financieras no bancarias), y estar clasificados en la Central de Deudores en situación 2 o 3 al 1.° de junio de 2026, es decir, con atrasos de entre 60 y 180 días. Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los diez salarios mínimos, vitales y móviles (unos 3,6 millones de pesos en la actualidad) y las cuotas de la deuda deben representar más del 30% de los ingresos del hogar.
La norma excluye a titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad no afectados a actividades laborales, tenedores de embarcaciones o aeronaves, y a quienes hayan adquirido divisas durante el período en que se generaron las deudas objeto de refinanciación. La tasa nominal anual máxima será del 35% y el plazo mínimo, de 24 cuotas mensuales.
Córdoba, Provincia y el alcance no bancario
El Banco de Córdoba implementó líneas para empleados estatales y privados que perciben sus salarios en la entidad, con plazos de hasta 60 meses y tasas escalonadas según el plazo elegido. El Banco Provincia, por su parte, ofrece refinanciación con plazos de hasta 72 meses, una tasa nominal anual del 83,47% y un esquema especial con tasa subsidiada del 41,67% para sectores de menores ingresos (hasta cuatro salarios mínimos), además de plazos de hasta 84 meses para pequeñas y medianas empresas.
Mendoza: un proyecto legislativo en marcha
El problema llegó también a la Legislatura mendocina. El senador provincial Mauricio Sat presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos, una iniciativa orientada a prevenir, contener y reestructurar situaciones de sobreendeudamiento. Según los fundamentos del proyecto, el endeudamiento total de las familias argentinas supera los 39 billones de pesos, y la morosidad alcanza niveles históricamente elevados tanto en el sistema bancario como en el no bancario.
La propuesta contempla la creación de un procedimiento provincial de mediación y reestructuración de deudas de consumo (instancia gratuita y voluntaria) que busca promover acuerdos entre deudores y acreedores y, durante la negociación, suspender intereses punitorios y acciones extrajudiciales de cobro. Los acuerdos deberían garantizar cuotas que no superen el 40% de los ingresos familiares (o el 30% en casos de especial vulnerabilidad) y plazos mínimos de 36 cuotas.
El proyecto también incluye la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares, que funcionaría bajo el Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objetivo de relevar información estadística, identificar sectores vulnerables y monitorear la evolución de la mora y del financiamiento informal. La iniciativa deberá recorrer las comisiones del Senado antes de llegar al recinto.
Los bancos privados miran y esperan
Al contrario de las reacciones de las distintas bancas oficiales, los bancos privados por ahora solo ofrecen rescates endogámicos para sus clientes que detectan que pueden entrar en problema con sus tarjetas de crédito y les ofrecen préstamos personales a tasas escasamente menores a las de las tarjetas.
Fuentes del sector aseguran que es lo máximo que pueden hacer ante las reglamentaciones del BCRA y, casi como un mantra, repiten que la situación es complicada para ocuparse, pero no preocupante, quizás intentando convencerse de que la situación está por revertirse, aunque no haya ningún dato objetivo que lo indique.
El debate de fondo
La proliferación de estas iniciativas no está exenta de tensiones. En la banca privada y en el Gobierno nacional predomina una lectura cautelosa: los programas de refinanciación masiva suelen desincentivar el otorgamiento de nuevos créditos en el sistema y pueden generar comportamientos estratégicos en los deudores. En el Congreso, más de 30 proyectos de características similares esperan tratamiento parlamentario, con resultado incierto.
Lo que no admite discusión es la magnitud del fenómeno. Cuando la imposibilidad de pagar deudas se convierte en un problema que afecta a millones de familias simultáneamente, deja de ser una cuestión individual para transformarse en una variable macroeconómica con consecuencias sobre el consumo, la actividad y la estabilidad del sistema financiero.
