Javier Milei confirmó que alista un anuncio para usar los dólares no declarados y ahorrados sin rendir cuentas. La medida busca reactivar el consumo.
Javier Milei apura el plan para liberar los dólares del colchón sin exigir explicaciones.
A cinco meses de las elecciones legislativas de octubre, y después de la victoria porteña -leída como un espaldarazo fuerte a la gestión- el gobierno de Javier Milei acelera su plan para dinamizar la economía mediante la dolarización endógena. Con el foco puesto en el consumo y la confianza, el oficialismo prepara una iniciativa audaz: permitir el uso libre de los dólares que los argentinos tienen guardados, sin necesidad de justificar su origen ante las autoridades.
La confirmación vino del propio Presidente de la Nación, horas después de los festejos electorales en un dialogo televisivo en el programa que visita cuando quiere anunciar algo en horas de la mañana.
El anuncio, que según fuentes oficiales podría concretarse esta misma semana, está siendo elaborado en conjunto por el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y distintas áreas jurídicas del Ejecutivo.
El objetivo central de la medida es liberar los ahorros informales y fomentar su utilización en consumos e inversiones, bajo el principio de que “el dinero debe poder usarse libremente, sin dejar los dedos marcados”, como graficó el presidente Milei este lunes.
En sus declaraciones, el mandatario fue enfático: “No tiene fines recaudatorios, tiene fines de liberar, liberar, liberar; que la gente pueda ser libre de usar su dinero que no lo podía usar porque los delincuentes de los políticos lo querían perseguir hasta por debajo de la cama”.
En la actualidad, cualquier operación relevante en dólares —como la compra de un auto, una propiedad, o una transferencia al exterior— requiere certificar el origen de los fondos, muchas veces con declaraciones de contadores y avales de consejos profesionales. Bajo la normativa vigente, si una entidad bancaria considera que los fondos no están suficientemente justificados, está obligada a emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los organismos de control.
La nueva normativa busca cambiar ese paradigma, eliminando la carga que pesa sobre ciudadanos comunes y sobre el sector privado, que actualmente actúa como un “delegado forzoso” del Estado en la tarea de controlar.
“Como todos los ciudadanos están bajo sospecha y deben demostrar el origen de sus fondos, la responsabilidad de controlar también se la delegó al sector privado”, aseguraran en el Ministerio de Economía mientras aceleran los tiempos de los anuncios para encontrar dólares de donde sea.
El nuevo marco legal apunta a restablecer la presunción de inocencia económica: será el Estado, y no el ciudadano, quien deberá demostrar si hay algo ilícito.
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Con la nueva normativa, los controles quedarán en manos de ARCA, el organismo creado por Milei para unificar las tareas de fiscalización tributaria, aduanera y financiera. “Si hay sospechas del origen de la procedencia de los fondos, serán los organismos de control quienes deberán hacer su tarea”, aseguran desde el Ejecutivo.
Esto significará el fin de la obligación para bancos, tarjetas de crédito, escuelas privadas, inmobiliarias y administradores de consorcios de informar sobre gastos o movimientos que superen determinados límites.
Pese a lo disruptivo del plan, desde el gobierno insisten en que la iniciativa no violará las normativas internacionales. “La letra chica estará alineada con las reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, explicaron funcionarios.
La clave será diferenciar entre ahorro informal y lavado de activos, algo que desde la administración libertaria aseguran poder hacer a través de mecanismos selectivos de control a posteriori, sin perseguir indiscriminadamente a quienes deseen usar sus ahorros.
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Según estimaciones privadas, los argentinos tienen más de 250.000 millones de dólares fuera del circuito formal: en cajas de seguridad, en el exterior o directamente guardados en el hogar. La propuesta oficial busca incentivar que parte de esos fondos se vuelquen al consumo y a inversiones, en lugar de seguir paralizados por temor a sanciones o confiscaciones futuras.
Ya en 2024, un esquema de blanqueo permitió duplicar los depósitos en dólares en los bancos, superando los US$30.000 millones. Sin embargo, el gobierno cree que aún hay margen para crecer, apelando a la confianza y a la eliminación de trabas burocráticas.
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En su discurso, el presidente Milei reivindica a quienes eligieron no confiar en el sistema. Los llama “héroes” por haber protegido sus ahorros de lo que considera un sistema confiscatorio e inflacionario. Para Milei, estos ciudadanos no deben ser perseguidos, sino invitados a reingresar al sistema con libertad y sin amenazas fiscales.
“No escondieron sus dólares por odio al país, sino porque del otro lado había un conjunto de delincuentes que los afanaban con el impuesto inflacionario”, aseguró en declaraciones públicas.
El concepto que resume el espíritu de la medida es el de “dolarización endógena”. No una imposición legal, sino una consecuencia natural de la confianza en el sistema económico, la libertad monetaria y la reducción del riesgo jurídico para quienes ahorran en divisas.
Con ese horizonte, el gobierno espera que esta nueva iniciativa contribuya a reactivar la economía, a fortalecer el mercado interno y a generar condiciones favorables de cara a una elección legislativa donde se jugará buena parte del futuro político del oficialismo.