El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, aseguró que el mercado provincial muestra señales de reactivación, especialmente en la venta de viviendas, impulsado por una paulatina recuperación de la confianza y por los cambios normativos que flexibilizaron el régimen de alquileres.
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El mercado inmobiliario en Mendoza recupera movimiento y confianza, con más oferta de alquileres
La flexibilización de los contratos impulsó la oferta de alquileres en Mendoza, mientras el mercado inmobiliario comienza a recuperar movimiento y confianza.
Según explicó en su columna en el programa Haciendo Cumbre, por Aconcagua Radio 90.1, si bien persiste cierta cautela, continúan realizándose operaciones. “El momento es el de cada uno”, afirmó Irrera, al sostener que no existe un “momento ideal del país” para vender o comprar. En ese sentido, remarcó que el inmueble sigue siendo, a largo plazo, el mejor refugio de capital, más allá de las fluctuaciones económicas.
A modo de ejemplo personal, recordó la construcción de su vivienda hace 18 años, cuyo valor inicial era sensiblemente menor al actual. “Tal vez hoy no gane si la comparo con el costo de construir de nuevo, pero no perdí. Era mi momento”, señaló.
El impacto de las leyes de alquileres
Gran parte del análisis de Irrera estuvo centrado en la evolución del marco legal de los alquileres y su impacto en el mercado. El especialista consideró que la ley 27.551 introdujo una rigidez contractual que terminó perjudicando tanto a inquilinos como a propietarios. Contratos a 36 meses y ajustes anuales con incrementos superiores al 200% generaron distorsiones, valores iniciales inflados y una fuerte retracción de la oferta.
Ese escenario derivó en que muchos propietarios retiraran sus inmuebles del mercado permanente, volcándolos a la venta o al alquiler temporario a través de plataformas turísticas, lo que profundizó la escasez.
La posterior modificación introducida por la ley 27.737, en octubre de 2023, no logró revertir la situación. Si bien redujo el plazo de ajuste a seis meses, incorporó un índice que, según Irrera, resultó más costoso y poco adecuado para el mercado locativo, por lo que tuvo escasa efectividad y corta duración.
El DNU 70 y la mayor oferta de viviendas
El escenario actual está marcado por la vigencia del DNU 70, que desreguló el mercado de alquileres y devolvió a las partes la posibilidad de pactar libremente moneda, plazos, forma y frecuencia de los ajustes, siempre dentro del marco del Código Civil y Comercial de la Nación.
“El DNU descontracturó el mercado y generó confianza. Al poder actualizar los cánones con mayor frecuencia, los propietarios volvieron a ofrecer sus inmuebles”, explicó Irrera. Como resultado, se observa hoy una mayor oferta de alquileres en Mendoza.
Si bien existe libertad contractual, el dirigente destacó que el mercado mantiene ciertas prácticas tradicionales, como contratos a 24 meses. En cuanto a los ajustes, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, y aplicarse distintos índices, incluidos el de Precios al Consumidor (IPC), para Contratos de Locación (ICL) o variación del dólar. También se habilitan contratos en moneda extranjera, pagos adelantados y depósitos mayores a un mes, si ambas partes lo acuerdan.
El ICL, el índice más utilizado
En la práctica cotidiana, los contratos continúan siendo mayormente estandarizados y el índice más utilizado es el ICL, tanto en Mendoza como a nivel nacional. Irrera sostuvo que, aunque hoy pueda resultar levemente más alto que el IPC, se lo considera más equitativo porque combina inflación y evolución salarial, lo que brinda una especie de “cláusula de seguridad” frente a eventuales shocks inflacionarios.
“El no poder pagar el alquiler no le conviene a nadie”, subrayó, y destacó que, en general, existe predisposición a la negociación para sostener contratos y evitar conflictos.
Por último, Irrera insistió en la necesidad de contar con asesoramiento profesional, ya que continúan las consultas y confusiones, especialmente entre contratos realizados de forma particular. Advirtió que cada contrato se rige por la ley vigente al momento de su firma y que no pueden mezclarse normativas ni modificarse condiciones retroactivamente.
“Lo que se firmó después del DNU es ley entre las partes. Si el contrato está mal hecho o mezclado con leyes anteriores, en la práctica no se ajusta a la normativa actual”, concluyó, al remarcar el rol de los corredores inmobiliarios para evitar errores y brindar seguridad tanto a inquilinos como a propietarios.