El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón e instauraron una dictadura que dejaría treinta mil desaparecidos y una economía devastada. Medio siglo después, Argentina conmemora ese aniversario del golpe de Estado bajo un gobierno democráticamente elegido que, según economistas, juristas y organismos de derechos humanos, reproduce con llamativa fidelidad el modelo económico que aquella junta militar puso en marcha.
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Del golpe de Estado a Javier Milei: paralelismos económicos y tensión social en la Argentina actual
A 50 años del golpe de Estado, crecen las comparaciones entre la dictadura y el modelo económico actual, con caída del empleo, reforma laboral y tensión social.
El desmantelamiento silencioso
En dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei acumula cifras que describen una contracción económica sin precedentes recientes. Más de veintidós mil empresas (en su mayoría medianas y pequeñas) cerraron sus puertas. La pérdida de puestos de trabajo registrados supera los trescientos mil, distribuidos entre doscientos mil en el sector privado y el resto en el empleo público. Un análisis más detallado de las estadísticas oficiales eleva esa cifra a más de quinientas cincuenta mil personas desplazadas del empleo formal, entre las cuales casi trescientas ochenta y seis mil correspondían a trabajadores independientes que, ante nuevas normas de categorización más restrictivas, quedaron empujados hacia la informalidad laboral.
En febrero de este año, el Parlamento aprobó una reforma laboral que la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó de regresiva y anunció impugnar judicialmente. La nueva legislación introduce la flexibilización de despidos, el fraccionamiento de vacaciones a criterio del empleador, la extensión de la jornada laboral y el debilitamiento de las negociaciones colectivas por sector. Crea además un Fondo de Asistencia Laboral financiado con el 3,5% de la masa salarial bruta patronal, monto que los empleadores podrán descontar de sus aportes jubilatorios. El resultado es una transferencia de recursos desde los trabajadores activos y los jubilados hacia el sector empresarial, en un contexto donde la jubilación mínima equivale a trescientos cinco dólares mensuales y el salario mínimo a doscientos treinta y nueve.
La brecha entre ingresos y precios configura una tensión cotidiana difícil de sostener. Un kilo de pan cuesta entre dos y tres dólares; el litro de leche ronda los dos; un seguro de salud privado básico para una familia de cuatro personas puede superar los cuatrocientos dólares mensuales. Los servicios públicos alcanzaron valores equiparables a los de países europeos. Para no caer en situación de pobreza, una familia requiere el equivalente a cuatro salarios mínimos. Según estadísticas no oficiales, más del cuarenta por ciento de la población ya se encuentra por debajo de esa línea.
Argentina: Un espejo con fecha
El paralelismo con la última dictadura no es retórico. Un informe elaborado antes del balotaje de 2023 por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) comparó el programa económico de La Libertad Avanza con el de tres experiencias neoliberales anteriores: la dictadura conducida económicamente por José Alfredo Martínez de Hoz entre 1976 y 1983, el ciclo Menem-Cavallo de los noventa y la gestión de Mauricio Macri entre 2016 y 2019. El resultado fue contundente: solo tres de las veintisiete propuestas analizadas carecían de antecedente en esas experiencias previas. El programa de Milei coincide en un sesenta y ocho por ciento con el de Martínez de Hoz.
Los números macroeconómicos refuerzan esa lectura histórica. En 1974, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional alcanzaba el cuarenta y cinco por ciento; hacia el final de la dictadura había caído al veintidós. Con el kirchnerismo llegó al cincuenta y uno. Hoy ronda el treinta y seis. La priorización del capital financiero sobre la producción, la apertura irrestricta a importaciones y la aceleración del ciclo de endeudamiento externo completan un cuadro que los especialistas ya reconocen como estructuralmente análogo.
Enrico Calamai, excónsul italiano en Buenos Aires que durante los primeros años de la dictadura salvó a más de trescientas personas proporcionándoles documentación para el exilio, regresó a Argentina para participar de las conmemoraciones del cincuenta aniversario. A sus ochenta años, fue directo: "Si se recorta sistemáticamente el gasto social, esto debe ir acompañado de una represión decidida de cualquier posible movimiento de oposición". Y agregó que quienes hoy detentan el poder defienden los mismos intereses que orquestaron el golpe de 1976.
Resistencia constante
El malestar social es medible. Una encuesta de febrero de la consultora Proyección indica que el setenta por ciento de los consultados considera que su situación económica es igual o peor que al inicio del gobierno. El cincuenta y siete por ciento reconoció haber recurrido al endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, ese descontento aún no se traduce en intención de voto opositora: si hubiera elecciones, La Libertad Avanza obtendría el cuarenta y tres por ciento frente al treinta y seis del peronismo.
La resistencia, no obstante, existe y es sostenida. Desde el inicio de la gestión se registraron cuatro huelgas generales y centenares de conflictos sectoriales. El 9 de marzo, el Día Internacional de la Mujer reunió decenas de miles de personas en la Plaza de Mayo bajo la consigna de unir las luchas contra el FMI y el gobierno. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, la represión de manifestaciones se duplicó durante el segundo año de Milei respecto del primero.
El 24 de marzo, en el aniversario exacto del golpe, cientos de actos simultáneos se realizarán en todo el país. La conmemoración incorpora este año, junto a los ejes históricos de memoria, verdad y justicia, la denuncia explícita de las políticas del gobierno actual. La calle, como en tantos otros momentos de la historia argentina, vuelve a ser el espacio donde se procesa lo que las instituciones aún no terminan de resolver.