El Gobierno nacional amplió el sistema a las cárceles provinciales que adhieran al protocolo. Mendoza había reclamado el cambio para impedir el uso de teléfonos dentro de los penales.
La aparición de presos alojados en el penal San Felipe en una videollamada con el reconocido streamer Valentín Melo, reavivó el debate por el uso de celulares en las carceles.
El Gobierno nacional habilitó el bloqueo de celulares en las cárceles provinciales para aquellas jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional. La medida responde a un reclamo que había realizado Mendoza ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para poder impedir el funcionamiento de los dispositivos dentro de los establecimientos penitenciarios.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien advirtió sobre la utilización de teléfonos móviles por parte de personas privadas de la libertad para continuar desarrollando actividades delictivas desde los penales.
"Los presos alojados en cárceles provinciales pueden seguir cometiendo delitos con sus celulares con total impunidad. Un celular en manos de un preso es un arma y este Gobierno va a seguir trabajando para que ningún delincuente pueda utilizarlo para extorsionar, estafar o coordinar delitos desde una cárcel", sostuvo Ravier.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 734/2026 del Enacom y extiende a los establecimientos provinciales un mecanismo que hasta ahora alcanzaba a las cárceles federales.
La modificación tiene especial impacto en Mendoza, porque el Gobierno provincial venía reclamando una normativa nacional que le permitiera avanzar con este sistema.
Semanas atrás, el gobernador Alfredo Cornejo había explicado que la Provincia no podía aplicar por sí sola el bloqueo y reveló que había elevado un pedido al Enacom para modificar esa situación. El tema cobró relevancia tras la aparición de presos alojados en el penal San Felipe en una videollamada con el reconocido streamer Valentín Melo. El episodio que se viralizó en redes sociales y volvió a poner en evidencia una problemática que persiste en las cárceles: el uso ilegal de celulares por parte de los presos.
"Es muy fácil ingresar un celular a la cárcel. Entra en un bolsillo", sostuvo entonces el mandatario. Para Cornejo, la solución no pasa únicamente por evitar que los dispositivos ingresen a los establecimientos, sino por conseguir que no puedan funcionar una vez dentro de los penales.
En aquella oportunidad, el gobernador señaló que las disposiciones vigentes permitían aplicar este tipo de medidas en establecimientos federales, pero no contemplaban expresamente a los administrados por las provincias. "No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos, porque necesitamos una resolución nacional", había afirmado.
En ese contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza realizó una presentación ante el Enacom en la que advirtió sobre la problemática del uso de celulares dentro de las cárceles provinciales y solicitó una norma complementaria que las incluyera expresamente.
La nueva normativa permitirá la inhabilitación de los equipos, las tarjetas SIM y las líneas telefónicas activadas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Para hacerlo, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo físico; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada.
El mecanismo alcanzará tanto a los aparatos que se activen en las áreas donde permanecen los internos como a aquellos detectados en sectores de acceso restringido al público dentro de las cárceles.
Sin embargo, las provincias no podrán ordenar directamente a las compañías telefónicas el bloqueo.
Según establece el procedimiento, cada inhabilitación requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el canal encargado de comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias que adhieran al protocolo.
De esta manera, aunque una jurisdicción se incorpore al sistema, será Nación la encargada de centralizar y tramitar las solicitudes de bloqueo ante las empresas de telefonía móvil.
La modificación nacional encuentra a Mendoza avanzando en paralelo con su propia estrategia para combatir el uso ilegal de teléfonos dentro de las cárceles.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, había planteado la necesidad de contar con un respaldo normativo nacional que permitiera incorporar a los establecimientos provinciales al esquema preventivo.
Además, la Provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación, destinadas a reforzar el control sobre las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.
El principal obstáculo hasta ahora era que el procedimiento nacional estaba limitado al sistema penitenciario federal.
Al presentar la decisión, Ravier remarcó que el objetivo es impedir que quienes están privados de su libertad puedan utilizar teléfonos para continuar cometiendo delitos. "Esta medida permite la inhabilitación de equipos, de tarjetas SIM y líneas activas dentro de los penales", explicó el vocero presidencial.
El Gobierno nacional sostuvo que el nuevo mecanismo apunta particularmente a combatir extorsiones, estafas y la coordinación de delitos desde las cárceles.
En los fundamentos de la resolución, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar las estrategias destinadas a prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de las telecomunicaciones.
Ravier, además, convocó a los gobiernos provinciales a incorporarse al nuevo esquema: "Invitamos a las jurisdicciones a adherir de manera inmediata".
Para Mendoza, la resolución nacional despeja el obstáculo normativo que el Gobierno de Alfredo Cornejo venía señalando y abre la posibilidad de avanzar con el bloqueo efectivo de los celulares utilizados dentro de las cárceles provinciales.
