El Instituto Nacional de Vitivinicultura puso en marcha un esquema de retiros voluntarios que contempla compensaciones de hasta 24 sueldos. La medida podría alcanzar a unos 30 trabajadores.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura avanza con un programa de retiros voluntarios que podría reducir su planta de personal en Mendoza.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno de Javier Milei avanza con su política de reducción de personal en organismos públicos nacionales y ahora el foco está puesto en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con sede central en Mendoza. El organismo abrió un esquema de retiros voluntarios que contempla compensaciones económicas de hasta 24 salarios, con montos que podrían alcanzar los 100 millones de pesos.
La iniciativa se conoce pocos días después de que el Ejecutivo nacional aprobara un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional, en el marco de la reorganización del Estado impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
En el caso del INV, el programa contempla condiciones particulares vinculadas con la antigüedad de los empleados y su proximidad a la edad jubilatoria. Según las estimaciones, entre 25 y 30 trabajadores podrían adherir a la propuesta, aunque la cantidad definitiva dependerá de las condiciones económicas y de la aceptación de los agentes.
La medida representa un nuevo capítulo en el proceso de reestructuración del organismo encargado de fiscalizar y controlar la actividad vitivinícola argentina, un sector de especial relevancia para la economía mendocina.
El esquema de desvinculación contempla una gratificación extraordinaria equivalente a un máximo de 24 sueldos, con un tope económico que, en determinados casos, podría llegar a los $100 millones.
Uno de los aspectos centrales es la modalidad de pago ya que quienes reciban hasta $40 millones podrían cobrar el monto en un único desembolso, mientras que las compensaciones superiores se abonarían en cuotas durante un período de hasta dos años.
El régimen también prevé un tratamiento diferenciado para los empleados próximos a jubilarse. En esos casos, la propuesta contempla compensaciones de hasta 12 salarios.
En un primer momento, las autoridades del organismo habían evaluado un sistema que reconociera un sueldo por cada año de antigüedad. Sin embargo, la propuesta fue modificada y finalmente se estableció un límite de 24 remuneraciones.
Esta modificación podría reducir el interés de los trabajadores con mayor trayectoria dentro del INV, donde una parte importante del personal acumula más de tres décadas de servicio.
Las estimaciones iniciales contemplaban que entre 45 y 50 empleados podrían incorporarse al programa de retiros voluntarios. No obstante, con las modificaciones introducidas en el esquema de compensaciones, la proyección se redujo a entre 25 y 30 trabajadores.
La implementación del programa se produce después de varios intentos del Gobierno nacional por modificar la estructura del INV, entre ellos las medidas de reorganización impulsadas durante 2025.
El presidente del organismo, Carlos Tizio, participa del proceso de adecuación de la propuesta, que todavía debe completar las instancias administrativas correspondientes.
Uno de los puntos que genera cuestionamientos es el origen de los fondos destinados a financiar las desvinculaciones. El programa se vincula con una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a acompañar la transformación de la estructura del Estado nacional.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron que se destinen recursos provenientes de financiamiento internacional a reducir la planta de personal.
video
