La Justicia condenó a los exfuncionarios durante el kirchernismo Julio de Vido y José López a 5 años de prisión y también los inhabilitó para ejercer cargos públicos por corrupción, concretamente, por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado, en el caso de la empresa constructora Skanska.
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Por corrupción contra el Estado, Julio De Vido y José López fueron condenados
La Justicia condenó este lunes a los exfuncionarios por hechos de corrupción en el caso de la constructora Skanska.
Asimismo, el Tribunal Oral Federal Nro. 4 dictó penas para exdirectivos de la firma sueca y otros intermediarios; de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas. El Tribunal que anunció el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.
Con esta sentencia, de Vido sumó la quinta condena por hechos de corrupción: 4 años por la compra de los Trenes Chatarra, 4 años por sobreprecios en la importación de GNL, 3 años en suspenso por la casa Odebrecht, y 4 años por la Tragedia de Once, por la que cumple arresto domiciliario.
Otros condenados
Mario Piantoni, ex máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, ex gerente comercial fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los ex directivos como Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba recibieron la pena de tres años en prisión condicional, informó Noticias Argentinas.
El tribunal también ordenó el decomiso de $34.594.947,34 en concepto del producto del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública nacional, y de $14.017.588,69 por el producto del delito de cohecho, que deberá ser actualizado a la fecha de ejecución.
Caso Skanska
Este fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004.
La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a ex funcionarios públicos fue acusada, además, de ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.
La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras.
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