Perú vota en medio de una fuerte grieta política, pobreza estructural y tensión internacional

La elección de este domingo plantea lo que se está transformando en un clásico en Latinoamérica: la profunda dicotomía en sociedades que aparecen cada vez más partidas entre derecha e ideas de izquierda y centroizquierda, que parecen imposibles de acercar o generar alternativas de centro.

El regreso del fujimorismo

Este domingo, por un lado, Keiko Fujimori se presenta por tercera vez a la contienda presidencial, tras haber sido derrotada previamente por márgenes mínimos, como los escasos 41.000 votos que le dieron la victoria a Pedro Pablo Kuczynski, o las reñidas disputas contra Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Con un programa de gobierno que retoma los lineamientos de su padre, el fujimorismo ha sido señalado por operar una paulatina cooptación de los poderes del Estado desde el Congreso. En alianza con otros partidos de ultraderecha, han logrado dominar instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.

Asimismo, la candidata enfrenta severos cuestionamientos por su falta de experiencia laboral fuera de la política, un elevado récord de ausentismo parlamentario y la reciente promulgación de leyes que reducen los plazos de prescripción de delitos, medidas catalogadas por la oposición como legislaciones a favor de la impunidad.

Roberto Sánchez y la apuesta moderada

En la vereda opuesta aparece Roberto Sánchez, un psicólogo egresado de la Universidad de San Marcos e hijo de padres quechuahablantes (él también lo habla) provenientes de Ayacucho y Apurímac.

Lejos de pertenecer al ala radical, Sánchez posee una formación orientada inicialmente al sacerdocio y cuenta con una vasta experiencia en gestión gubernamental provincial y departamental. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la truncada presidencia de Pedro Castillo, una gestión que enfrentó una campaña de desestabilización permanente desde sus inicios.

De hecho, confesiones recientes del entorno de Fujimori admitieron que la oposición hizo todo lo que estuvo a su alcance para derribar a Castillo. Aunque Sánchez no apoyó el intento de autogolpe que precipitó la caída del exmandatario, ha sabido reivindicar a esa base social históricamente postergada, sugiriendo incluso que, de llegar a la presidencia, podría otorgarle el indulto.

Para enfrentar a la maquinaria electoral fujimorista, Sánchez ha moderado su discurso y articulado el "Plan del Consenso de Juntos por el Perú", alejándose de figuras extremas como Antauro Humala.

Esta estrategia de moderación, destinada a aplacar los temores ciudadanos sobre el comunismo y las nacionalizaciones, le permitió sumar el apoyo de sectores de centro, diplomáticos y periodistas influyentes como César Hildebrandt. El resultado ha sido la conformación de un "cordón sanitario" democrático que busca evitar la vuelta y perpetuación del fujimorismo en el poder.

Esta consolidación quedó evidenciada en el último debate televisivo, donde analistas destacaron a un Sánchez espontáneo y conectado con las demandas de seguridad de la población, frente a una Fujimori dependiente de la lectura de sus apuntes.

El debate sobre el “modelo peruano”

Detrás de la disputa electoral subyace un debate ineludible sobre el llamado "modelo peruano". A nivel macroeconómico, el país exhibe una indudable estabilidad cambiaria y una inflación históricamente baja, que si bien se ha duplicado por el encarecimiento global del petróleo y los fertilizantes a raíz de crisis geopolíticas, se mantiene en un controlado 4 % anual.

Sin embargo, el crecimiento impulsado por la exportación de oro, plata y cobre no se ha traducido en bienestar colectivo. Las cifras son alarmantes: un 25,7 % de pobreza monetaria, 4,7 % de pobreza extrema, 35 % de anemia infantil y 12 % de desnutrición crónica, posicionando a Perú como el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica.

Las deficiencias se extienden a la infraestructura básica, con un 10 % de la población sin acceso a agua potable y un 33 % carente de alcantarillado.

La CELAG también publicó en estas horas un cuadro con la brecha entre los “exitosos” números de la macroeconomía y la realidad social y microeconómica del Perú.

La Constitución de 1993 y la disputa geopolítica

Esta realidad es sostenida por la Constitución de 1993, promulgada tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori, la cual impone al Estado un rol estrictamente subsidiario que le impide intervenir para garantizar la redistribución de la riqueza.

A este complejo panorama interno se suma la fuerte injerencia extranjera, principalmente de Estados Unidos, que observa con alarma la creciente presencia china en territorio peruano.

El epicentro de esta tensión es el megapuerto de Chancay, una monumental obra de aguas profundas diseñada para convertirse en el mayor centro portuario de América del Sur. La infraestructura no solo agilizará las exportaciones peruanas, sino que canalizará productos agrícolas de lujo procedentes de Chile y Colombia directamente hacia Asia.

Washington ha presionado activamente advirtiendo sobre un supuesto doble uso militar y riesgos en la protección de datos, en sintonía con políticas de bloqueo como la interrupción del cableado de fibra óptica submarina en Chile. Sin embargo, la presión estadounidense no está acompañada de alternativas viables de financiamiento ni de inversión en infraestructura estratégica.

Con una campaña subterránea en plena ebullición, los peruanos enfrentan la decisión de elegir un presidente cuyo primer desafío será durar en el cargo.