Una piedra en el zapato. Eso representaba para el Gobierno de Mendoza la falta de acuerdo con los empleados judiciales, que se extendió por casi un mes e impedía que el Ejecutivo saliera a anunciar -como finalmente hizo este martes- que logró convenios con los 18 sectores estatales que se sientan a negociar en paritarias.
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Paritarias: el gremio "rebelde" aceptó y el Gobierno cerró con todos los sectores
Empleados judiciales cerraron el acuerdo salarial en paritarias, tras un mes de reuniones. El detalle del convenio que firmó el gremio que conduce César Llanos.
La entidad que conduce César Llanos volvió a poner a consideración de las bases la oferta que había sido rechazada a principios del mes, la cual fue mejorada en un punto por la patronal. Se realizó una votación doble: en primera instancia los afiliados definieron la reconsideración de la propuesta, y luego -con el 70% de los sufragios- la aceptación.
La actualización salarial, entonces, consta de los siguientes puntos:
- Aumento en la asignación de clase del 7% en septiembre, 8% en octubre y 7 en noviembre, que se suman al 12% de agosto y al 25% ya percibido hasta julio. Los porcentajes son no acumulables, aplicables sobre la base fija de diciembre de 2021.
- Incremento del ítem “Apoyo a la tarea judicial”, que tiene carácter de remunerativo, no bonificable, con base de cálculo en la asignación de clase 8 del régimen salarial 10. El esquema de actualización será del 11% a agosto (la diferencia se liquidará en planilla suplementaria), 18% en septiembre, 20% en octubre y 25% en noviembre.
- Cláusula compromiso de volver a reunirse durante la primera quincena del mes de octubre de 2022 a fin de revisar el acuerdo (en el caso que los índices inflacionarios informados por el INDEC o la DEIE superen los guarismos convenidos).
Con las mejoras del adicional específico del sector, el oficialismo afirma que la propuesta alcanza un incremento del 72% promedio en el periodo que va de enero a noviembre de 2022.
Además del convenio salarial rubricado en la Subsecretaría de Trabajo, se firmó un acta complementaria en la que se asentó que en el supuesto que el sindicato que representa a los magistrados del Poder Judicial reciba un aumento superior al acordado por los empleados, el gremio reclamará la equiparación.
Por otra parte, los miembros paritarios de los trabajadores reclamaron una serie de cuestiones laborales y salariales que solicitan continúen tratándose en la mesa de negociación. Entre ellos, el pase a planta de contratados, la equiparación de las asignaciones familiares provinciales con las nacionales, aumento del pago de títulos y la asignación de una oficina en el Polo Judicial destinada a la atención de afiliados del gremio.
Además, el secretario general reiteró la exigencia de que “ningún judicial perciba un salario que lo coloque por debajo de la línea de la pobreza”, una de las banderas elevadas por el gremio en el último tiempo. “La recomposición salarial es insuficiente, por lo que la lucha por salarios dignos continúa esta semana”, recalcó Llanos.
Por el lado del Gobierno, celebraron -como ocurrió en marzo pasado- que los 18 regímenes de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo en paritarias. Un respiro para la gestión de Rodolfo Suarez y una “victoria” política para la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez.