La Provincia de Mendoza sigue relegada en la llegada de fondos nacionales, un reclamo que se ha profundizado en los últimos años y que ahora condiciona el apoyo de los gobernadores, entre ellos el del mendocino Alfredo Cornejo, a la "ley ómnibus" que está siendo analizada en el Congreso, pero que hasta el momento no plantea soluciones a estas inequidades. Las provincias insisten en la coparticipación del impuesto a las Ganancias para mejorar la distribución de los recursos, sin embargo desde la Nación se demoran en dar una respuesta.
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Mendoza, en los últimos lugares de la coparticipación federal
La Provincia de Mendoza sigue relegada en la distribusción de la coparticipación federal de impuestos. El tema se mete en la discusión de la "ley ómnibus".
El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo la semana pasada un encuentro (de forma virtual) con el ministro del Interior, Guillermo Francos, respecto al apoyo clave y necesario para un gobierno que no tiene mayoría propia en el Congreso; por lo que necesita a los representantes de las provincias para poder avanzar con la "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
Estos encuentros continuarán esta semana, con Francos y con el ministro de Economía, Luis Caputo; y otros gobernadores (radicales o de posiciones cercanas a Milei), ámbito en el que el mendocino volverá a planterar la necesidad de coparticipar el impuesto a las ganancias.
En diciembre de 2023, el Gobierno Nacional envió a las provincias un total de $1.928.010 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. De eso, la Provincia de Mendoza recibió $74.938 millones (90% por coparticipación y el resto por leyes complementarias y compensaciones).
Si se evalúa respecto a la cantidad de población (es decir, per cápita) Mendoza fue una de las que menos recibió, $36.670 por cada mendocino.
En el extremo peor posicionado del ránking Mendoza es solo seguida por Buenos Aires y CABA. Mientras que en el mejor aparecen Tierra del Fuego, que recibió en diciembre $115.158 por fueguino, Catamarca con $111.074 por habitante y Formosa con $107.366 per cápita.
En el medio aparecen Jujuy, Entre Ríos y Río Negro (con ingresos que rondaron los $60.000 por habitante en diciembre), casi el doble de lo recibido por Mendoza.
"El presidente Javier Milei ha dicho que considera que Ganancias habría que restablecerlo, pero no lo ha enviado en el paquete de medidas, así que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ahora, hay un montón de impuestos que se están recaudando, como el impuesto País que lo generó el gobierno kirchnerista, que no lo hizo coparticipable; o las retenciones", sostuvo días atrás Cornejo,
"Hay un montón de impuestos que no son coparticipables, y son toda ganancia para la Nación. La gran presión impositiva que tanto reclama el sector privado, y que yo comparto, la aporta el gobierno nacional con sus impuestos y después no los coparticipa. Así que yo creo que es necesario replanteo de los recursos", sostuvo el gobernador.
Sin embargo, Cornejo destacó que la Provincia se ha mantenido ordenada en sus cuentas "porque si no estaríamos con serios problemas para pagar proveedores, salarios, etc". Por el contrario, hay provincias que dependen casi exclusivamente de los ingresos del Gobierno central. Tal es el caso de La Rioja (el 90,9% de sus ingresos provienen de Nación), Formosa (90,5%), Santiago del Estero (87,3%), Corrientes (86,5%), Jujuy (85,2%) y Chaco (83,7%).
Cómo se define la coparticipación
La coparticipación federal es el sistema mediante el cual el Gobierno Nacional reparte parte de la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias. Son transferencias que se realizan de forma automática y a diario ya que no requieren de una autorización previa ni son discrecionales, y se hacen de acuerdo a un sistema de reparto predefinido por la Ley de Coparticipación Federal, aprobada en el año 1988.
La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones.
A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.
Un segundo nivel, denominado “coparticipación secundaria”, define el reparto de los recursos entre las provincias. Quienes reciben un mayor porcentaje de recursos son la Provincia de Buenos Aires (21,3%), Santa Fe (8,7%), Córdoba (8,4%), Chaco y Entre Ríos (ambas con 4,7%) y Tucumán (4,6%).
No existen criterios demográficos o de extensión territorial para establecer este reparto, sino que se negoció políticamente. Por más de que la base sean los porcentajes dispuestos en 1988, hay leyes especiales que modificaron en la práctica esas proporciones, principalmente mediante la creación de nuevos impuestos o fondos complementarios.
Modificar la actual distribución es una tarea muy difícil, ya que equiere la aprobación de todas las legislaturas provinciales. De hecho, la Constitución de 1994 ya había planteado la necesidad de establecer un nuevo régimen antes de 1996, pero esto nunca se hizo.