Sin ningún tipo de reservas -como en otras provincias- este martes la Provincia de Mendoza adhirió al Régimen de Incentivo a Grandez Inversiones (RIGI) que impulsó el presidente Javier Milei en la Ley Bases. La Cámara de Senadores le dio sanción al proyecto enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo para que se implemente la normativa nacional.
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Mendoza adhirió al RIGI con resistencia opositora, para "cazar" inversiones en dólares
La Legislatura convirtió en ley la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que propuso Javier Milei. Desde el PJ lo compararon con la Promoción Industrial.
Así, se suma a otras provincias que ya ratificaron su encolumnamiento al RIGI. Y pese a la resistencia de parte de la oposición y el pedido de otro sector para incorporar algunas reservas a la aplicación de este régimen en Mendoza; salió tal y como lo dispuso Milei a nivel nacional.
La ley salió con 24 votos a favor y 14 en contra. Todo Cambia Mendoza, el PRO, parte de La Unión Mendocina acompañaron; mientras que el PJ completo, el Partido Verde y un resto de LAUM se volcó por rechazar esta adhesión.
"Tenemos que ver si estamos ante algo novedoso o si estamos repitiendo errores del pasado. Estamos dando un beneficio interesante para la inversión en el país, pero hay que evaluar varios aspectos. Nuestro voto será negativo", advirtió el senador del Pertivo Verde, Dugar Chappel.
Las críticas también vinieron desde el Partido Justicialista. El legislador Gerardo Vaquer advirtió sobre los riesgos para la soberanía provincial: "Con esta aprobación, estamos entregando soberanía sobre nuestros recursos naturales. Es preocupante lo que se intenta llevar adelante para cambiar la matriz productiva de nuestra provincia".
"Estamos convencidos de que las inversiones serían buenas siempre y cuando se hagan en un marco legal que garantice mucho más protección y no tanta competencia desleal a las pymes locales, a nuestra industria madre que es la vitivinicultura. La verdad que sacarle tarifas tanto para exportación como importación a grandes capitales extranjeros, que lo que van a hacer es extraer, es volver a la economía primaria, que significa que no se industrializa absolutamente nada en nuestra provincia", destacó la senadora Adriana Cano (PJ).
"Creemos que podría haberse dado con otros mecanismos, de hecho tenemos una oficina que ellos mismos crearon, como Impulsa Mendoza, que es para atracción de esas inversiones grandes. Hoy día va a estar totalmente desdibujada", sostuvo.
"Como la Promoción Industrial, son regímenes que solo benefician a un sector o a una sola provincia, o a un solo sector de la provincia. Creemos que afecta porque no hay una visión estratégica de desarrollo. No hay un planteo estratégico de desarrollo para nuestra provincia, no se habla de la matriz productiva, del agotamiento que tiene la matriz productiva. Pero tampoco se habla de la protección de los productores, de la producción local y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia que se han afectado directamente por la crisis nacional", sostuvo.
En defensa del proyecto, la senadora Natacha Eisenchlas, presidenta del bloque Radical, explicó que la adhesión no afecta la autonomía fiscal de la provincia, ya que se limita a garantizar la estabilidad fiscal sin aumentar tributos. Mientras que el senador Martín Kerchner cerró el debate respondiendo a las críticas y defendiendo el proyecto como "una medida necesaria en el contexto económico actual". "Vivimos en una Argentina en crisis, y necesitamos hechos concretos, no solo frases. Este régimen es una oportunidad para atraer inversiones en un entorno difícil", sostuvo.
Por otro lado, Armando Magistretti, del Partido Demócrata-La Libertad Avanza, manifestó el apoyo de su bloque, enfatizando la importancia de la adhesión solicitada por el Poder Ejecutivo. En contraposición, el senador Ariel Pringles, de la Unión Mendocina, expresó su oposición, argumentando que "este régimen perjudicaría a las pymes y crea una competencia desleal. Se debería haber hecho alguna reserva o enmienda para proteger a los pequeños empresarios".
Qué propone el RIGI
Mendoza se sumará así a Río Negro, San Juan y Jujuy y los municipios de Bahía Blanca y San Isidro (que se "cortaron solos" ante la resisdencia del gobernador Axel Kicillof de adheris; mientras que Córdoba , Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe prometieron enviar sus proyectos de adhesión pero aún no lo han concretado. Santa Cruz y Chubut ya enviaron su proyecto; en el caso de la primera fue con algunas modificaciones, como la apuesta a inversiones turísticas
El RIGI fue incluido en la Ley Bases con el objetivo de incentivar a los grandes capitales a invertir en Argentina. Los sectores contemplados son la agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, forestal, gas y petróleo.
Este régimen ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para incentivar inversiones superiores a 200 millones de dólares, con una estabilidad fiscal de 30 años.
Desde Mendoza se esperanzan con las oportunidades que podría generar. A partir de la asdhesión a esta norma, la Provincia deberá garantizar estabilidad fiscal; es decir que deberá mantener los impuestos durante 30 años: no podrá aumentar ni crear nuevos tributos para las empresas que adhirieran al RIGI.
Los beneficios que otorgará el RIGI
Entre los beneficios del RIGI se destacan la reducción de la alicuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, devolución acelerada de saldos a favor del IVA plazos no mayores a tres meses, el pago de IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles, el 100% de impuesto de débitos y créditos bancarios como crédito en Ganancias.
Además, como beneficios aduaneros se destacan la exención de derechos importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos, y la exención derechos de exportación los primeros tres años.
En tanto, permite la libre disponibilidad divisas para exportaciones de 20% el primer año, 40% el segundo año, y 100% a partir del tercer año y el acceso a las divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
Promete la estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años, la garantía de no afectación por normativas más gravosas.