El decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial—último dentro de las facultades delegadas por la Ley de Bases— transforma al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa sin personería autónoma, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Además, se reestructurarán otros seis organismos por considerarlos sobredimensionados o superpuestos.
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Los argumentos de Nación para reestructurar el INV y otros organismos descentralizados
El Gobierno apunta a que el INV pierda autonomía y focalice controles, mientras seis entes más pasan a la órbita del Ministerio de Economía.
¿Qué sucede con el INV con los cambios anunciados por el Gobierno nacional?
- El INV pierde su autonomía operativa: pasará a funcionar bajo la órbita ministerial, aunque conservará el nombre y la certificación vitivinícola para exportaciones.
- Se argumenta que, tras la desregulación de 1991, el INV quedó limitado a tareas de verificación del vino, “obsoletas” e “ineficientes”, justificando una recentralización con perfil más técnico y privado.
- Los controles pasarán a ser optativos al final de la cadena, centrados en calidad e inocuidad similares al modelo chileno, contrastando con la fiscalización en campo y bodega actual.
- Desde el sector productivo local reconocen que cambia un esquema burocrático complejo que requería gestores para cada trámite del INV.
En Mendoza, y el resto de las provincias vitivinícolas, el INV es clave en trazabilidad, certificación, inspección y apoyo logístico. Si bien la medida promete reducir burocracia, plantea dudas sobre el impacto en los pequeños productores y la uniformidad de los controles en origen.
Los otros seis organismos también serán reestructurados
El Gobierno también dispuso la transformación o eliminación de otros seis entes descentralizados, que según la comunicación oficial estaban sobredimensionados, con funciones superpuestas o alejadas de los objetivos productivos del Estado.
Estos son los cambios anunciados:
- INTI (Tecnología Industrial): será reconvertido en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía. El Gobierno apunta a reducir su estructura administrativa y eliminar áreas que, según se argumenta, compiten con el sector privado en condiciones ventajosas. Se conservará su rol técnico en metrología, calidad e innovación, pero bajo una jerarquía más acotada.
- INTA (Tecnología Agropecuaria): pasará a ser un organismo desconcentrado, dependiente también de Economía. Se buscará enfocar su trabajo en investigación y transferencia tecnológica, dejando atrás —según el texto oficial— el modelo “orientado al extensionismo, la agroecología y la militancia política”.
- ARICCAME (Agencia del Cáñamo y Cannabis Medicinal): será disuelta y sus funciones redistribuidas. La ANMAT retomará el control sobre el cannabis medicinal, mientras que Industria regulará el cáñamo con fines industriales y Agricultura, las semillas. El Ejecutivo argumenta que la agencia presentaba “rigideces operativas” y superposición con otros entes.
- INAFCI (Agricultura Familiar): también será eliminado, y sus competencias absorbidas por la Secretaría de Agricultura. Según el Gobierno, el organismo se había transformado en una “caja política”, con altos niveles de contratación y un enfoque centrado en subsidios y clientelismo.
- INASE (Semillas): dejará de ser un ente autónomo. Sus funciones regulatorias pasarán a una unidad interna de la Secretaría de Agricultura, en un intento por integrar su tarea a la política agrícola nacional.
- INPI (Propiedad Industrial): dejará de tener personería jurídica y patrimonio propio, y quedará como organismo desconcentrado bajo la órbita de Industria. El Gobierno sostiene que no requiere autonomía plena para llevar adelante su función técnica de registro y protección de la propiedad industrial.
La decisión se enmarca en el plan de reformas estructurales que impulsa la gestión Milei con el argumento de “modernizar el Estado”, eliminar burocracia, evitar duplicidades y reducir gastos.
Sin embargo, en distintos sectores económicos y científicos ya comenzaron a emerger resistencias y dudas. En particular, organizaciones técnicas, sindicales y productivas advierten que el achicamiento de estos entes puede debilitar políticas públicas estratégicas que venían desarrollándose desde hace décadas, con presencia territorial y articulación federal.