El Gobierno nacional avanzó con una fuerte poda presupuestaria que impacta de lleno en la provincia de Mendoza. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la gestión de Javier Milei recortó partidas nacionales destinadas a infraestructura vial, salud, vitivinicultura, saneamiento ambiental, universidades y funcionamiento de la Justicia Federal, entre otros. El impacto de este recorte en Mendoza.
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La motosierra de Javier Milei golpea a Mendoza: recortes millonarios en rutas, salud, universidades y el INV
El Gobierno nacional aplicó una fuerte poda presupuestaria que afecta obras viales, programas de salud y educación, la Justicia y organismos clave para Mendoza.
La medida forma parte de un ajuste sobre 211 programas nacionales y apunta a generar un ahorro de $2,8 billones, según argumentó el Ejecutivo nacional. Pero detrás de las cifras generales aparecen proyectos concretos frenados, obras paralizadas y organismos clave para Mendoza afectados en su funcionamiento.
El golpe más fuerte: rutas nacionales y obras viales
Uno de los principales impactos para Mendoza aparece en la infraestructura vial, un área estratégica para una provincia atravesada por corredores productivos y turísticos.
El Gobierno Nacional aplicó un recorte de más de $2.025 millones al proyecto de la autopista de la Ruta Nacional 40, hacia San Juan.
A eso se suma una reducción de $574 millones para la Variante Palmira y otra quita de $315 millones para el proyecto de refuncionalización del viejo túnel ferroviario internacional con Chile, una obra vinculada a la integración bioceánica y a la modernización del corredor andino.
Además, Nación eliminó fondos destinados a seguridad vial y mantenimiento de rutas nacionales.
Mendoza perdió otros $940 millones para obras de seguridad en corredores nacionales y para mantenimiento y reparación de “obras de arte”, es decir, puentes, viaductos, alcantarillas, muros de contención y túneles.
El ajuste también alcanzó tareas rutinarias de conservación vial, con una baja superior a $767 millones, y recortó otros $574 millones destinados al mantenimiento del tramo de Ruta 40 que conecta con la Ruta Nacional 143, clave para el sur mendocino.
El INV, otro organismo afectado
Otro de los organismos golpeados por el ajuste es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, cuya sede central funciona en Mendoza y cumple un rol central para el control y certificación de la industria vitivinícola.
El Gobierno nacional redujo $386 millones del programa de control de genuinidad de la producción vitivinícola y recortó partidas destinadas a equipamiento sanitario, mantenimiento de maquinaria, seguros, internet y compra de compuestos químicos utilizados en laboratorios.
El impacto no solo alcanza al funcionamiento operativo del organismo, sino también a una actividad estratégica para la economía mendocina y para el control de calidad del vino argentino en mercados internacionales.
Salud y educación también entraron en el ajuste
La poda presupuestaria nacional también avanzó sobre programas de salud y educación. En el área sanitaria se recortaron más de $62.000 millones, incluyendo partidas vinculadas al fortalecimiento de sistemas provinciales de salud, acceso a medicamentos e insumos médicos y cobertura sanitaria compensatoria.
En educación, el Gobierno nacional disminuyó más de $78.000 millones en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para infraestructura universitaria y escolar.
Además, eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, una herramienta utilizada para equilibrar salarios entre provincias, y redujo más de $21.000 millones destinados a infraestructura y equipamiento escolar.
También hubo una quita total de $48.000 millones para EDUC.AR S.A., la empresa estatal vinculada a contenidos y tecnología educativa.
Menos fondos para la remediación ambiental en San Rafael
El ajuste también alcanzó proyectos ambientales sensibles para Mendoza. Uno de ellos es el proceso de remediación del complejo minero Sierra Pintada, en San Rafael, donde Nación redujo en $600 millones las partidas destinadas a tareas ambientales a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El complejo funcionó entre 1975 y 1997 para extracción y procesamiento de uranio, y desde hace años se desarrolla un proceso de remediación ambiental ordenado por la Corte Suprema. Las tareas incluyen tratamiento de agua y reducción de residuos contaminantes.
A esto se suma un recorte de más de $157 millones para el Centro Integral de Residuos Sólidos de Luján de Cuyo, una obra vinculada a financiamiento internacional del BID.
La Justicia Federal también perdió recursos
La poda presupuestaria también alcanzó al funcionamiento de la Justicia Federal en Mendoza. Según las planillas oficiales, hubo una reducción de más de $2.043 millones, destinados principalmente a partidas de personal permanente y retribuciones salariales.
La medida vuelve a poner en foco las dificultades estructurales que arrastra la Justicia Federal mendocina, con vacantes sin cubrir y demoras en distintos juzgados y fiscalías.