En medio de presentaciones en la Legislatura de las distintas carteras de Gobierno de las pautas propias previstas en el proyecto de Presupuesto 2023, las sesiones de tablas de esta semana en ambas cámaras no aportaron muchas novedades en materia de sanciones de normas relevantes. Sin embargo, entre los proyectos que sí pasaron el filtro se aprobó -por unanimidad- uno que lleva una importante carga política: un pedido al Ejecutivo para que avance con el trasvase del Río Grande al Atuel.
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La Legislatura pidió a Suarez avanzar con el trasvase del Río Grande al Atuel
Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que solicita al Gobierno avance con la concreción del trasvase entre ríos. Cruces por Portezuelo y la minería.
Se trata de un expediente que lleva la firma de los legisladores del Frente Renovador Jorge Difonso, Mauricio Torres y José María Videla -al que se le anexó uno similar de los radicales María José Sanz, Gisela Valdez, José Manuel Vilches y Adrián Reche- que solicita al Gobierno la priorización de la obra denominada “Aprovechamiento Integral del Río Grande”.
Ambas iniciativas ponderan los beneficios económicos, climáticos, energéticos e incluso jurídicos, ya que podría destrabar el conflicto que Mendoza mantiene con La Pampa por el caudal mínimo del Río Atuel que debe garantizar la Provincia en el límite interprovincial, de 3,2 metros cúbicos por segundo, como estableció la Corte Suprema en su dictamen de 2020.
En ese sentido, Difonso y Sanz recordaron que la vecina provincia firmó en 1976 el tratado que le otorga a Mendoza un cupo de 34 metros por segundo del Río Colorado, que es el que está previsto que tome (en sus dos etapas) el proyecto de trasvase.
Además, el sancarlino enumeró las ventajas del aprovechamiento: “mayor producción, desarrollo, miles de hectáreas nuevas en superficie cultivada para los tres departamentos del Sur, inmediata creación de fuentes de trabajo genuino, generación de energía limpia y desarrollo del sector agropecuario y ganadero” de la región.
También reclamó que la obra sea incorporada en los presupuestos provinciales 2023, 2024 y 2025. “Que sea una política de Estado, independientemente del gobierno de turno”, sostuvo el diputado aliado del oficialismo.
Sanz -oriunda de San Rafael- se expresó en equivalente sintonía respecto a los frutos que obtendría la Zona Sur con el trasvase, y debió “defenderse” de un achaque de la alvearense Nilda Escudero (Frente de Todos), quien le recordó su oposición a un proyecto de resolución de su autoría en la sesión del 3 de agosto pasado, que solicitaba informes al Ejecutivo respecto a todos los estudios, análisis y evaluaciones existentes en torno al trasvase del Río Grande al Atuel.
Por entonces, la radical tildó de “incoherente” al peronismo por no aplicar la misma vehemencia con Nación a la hora de reclamar al presidente Alberto Fernández para que laude a favor de Portezuelo del Viento. En ese momento señaló que el trasvase sin PDV no tenía sentido. “Lo óptimo hubiera sido que se acompañe con la construcción de Portezuelo y que el Gobierno nacional alguna vez se hubiera puesto del lado de Mendoza”, se rectificó en esta oportunidad la legisladora oficialista.
El debate también dio lugar a que se inmiscuya un proyecto que aún no cuenta con estado parlamentario y que ingresó a la otra cámara legislativa, el Senado. Se trata de la creación del “Área de Interés Minero Malargüe” que impulsa el Municipio y la legisladora radical Jésica Laferte, pero que no cuenta con el aval de la administración de Rodolfo Suarez.
Fue Gustavo Cairo (PRO), quien convocó a sus pares a tratar la norma que propone exceptuar a la comuna sureña de las prohibiciones de la Ley 7.722 para desarrollar la minería en su suelo. Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) salió al cruce y el presidente de la cámara Andrés Lombardi pidió que la discusión se centre en el expediente en cuestión.
Más allá de estos cruces, la propuesta salió con el voto afirmativo de todas las fuerzas, lo que dotó de mayor fuerza el pedido parlamentario para avanzar con el tan postergado trasvase.
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