El titular de la IGS relató que hay más de 20 denuncias por violencia de género al mes en la Policía.
La comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura recibió este jueves al titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, para conocer acerca del funcionamiento de los controles a las fuerzas. El funcionario detalló que reciben cerca de cien denuncias por mes sobre la Policía, de las cuales más de 20 son por violencia de género.
Puertas, quien concurrió junto a los abogados Ricardo Batiz y Gustavo Sarli, aseguró que dentro de la IGS se han dividido “áreas” para el abordaje, por lo que un grupo se aboca a las denuncias de violencia de género; otro a lo que ellos enmarcan en violencia institucional; otra más referida a los servicios extraordinarios, y finalmente otra que se aboca a los elementos provistos, tal el caso de armas, indumentaria y demás.
“Antes de esta gestión no habían estadísticas, por eso comparamos con nosotros mismos desde 2016”, sostuvo, y agregó que “las denuncias son diversas y se han incrementado. Y esto tiene que ver no con que la policía esté incumpliendo sino más bien con que las víctimas están conociendo mejor la institución, confiando más y se están animando a denunciar sabiendo que sus derechos no van a ser agraviados”.
Asimismo, detalló que todo expediente administrativo se origina con una denuncia expresa, anónima, un llamado telefónico, un extracto de algún artículo publicado en la prensa: hay muchas formas con lo cual se toma la denuncia y comienza el proceso para corroborar la verosimilitud de la misma. Se recaban las pruebas, se producen los alegatos, y demás pasos a seguir para luego tomar una decisión.
Casi el 70% de las denuncias por violencia institucional no prosperan porque son deficitarias en pruebas, diferente a lo que sucede con las acusaciones por violencia de género, en donde “la mayoría ya viene con un proceso penal y con mucha prueba”.
Sobre estos últimos casos, aclaró que el protocolo que se sigue está vigente desde 2014. “Se da la opción del traslado en caso que la violencia de género haya sido en el trabajo; se da la opción a la víctima si quiere ser trasladada o que se traslade al victimario y paralelamente continúa la investigación administrativa más allá de lo que sucede con la denuncia penal, que van en paralelo”, relató Puertas.
“Nosotros evaluamos que ha ido mejorando la perspectiva de género dentro de la fuerzas de seguridad y, asimismo, se está empoderando cada vez más a las víctimas. Entonces podemos ver que existen denuncias por violencia de género porque las víctimas sienten cada vez más libertad para hacerlas y no solamente vinculadas a la cotidianidad, sino a las posibles violencias de género vinculadas a lo laboral, entre efectivos de distinta jerarquía, interinstitucional, que son todos datos que antes no existían", consideró.
Por otra parte, indicó que hay capacitaciones constantes en materia de género a través de convenios con universidades, y que en lo concerniente a la Ley Micaela, se cumple tal lo establecido en la legislación vigente para todo el personal y funcionarios de los distintos poderes.
“Estamos trabajando un proyecto de Ley para reformar a la IGS, que próximamente será remitida, donde se trata el cambio del estado policial; los protocolos sobre violencia de género para que directamente estén incluidos en la Ley; que exista el defensor administrativo para efectivos policiales y penitenciarios, entre otros”, cerró Puertas.
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