Ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, el presidente de la Suprema Corte presentó su previsión presupuestaria. Qué contempla el plan.
La presentación presupuestaria dejó planteados los principales objetivos de la Suprema Corte para 2027
Foto: Daniel CanoLa Suprema Corte de Justicia de Mendoza presentó ante la Legislatura provincial su previsión presupuestaria para 2027, que asciende a $233.707.859.019. Durante una reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, su presidente, Dalmiro Garay, detalló los principales ejes de inversión del Poder Judicial y explicó las prioridades previstas para el próximo ejercicio fiscal.
El encuentro fue encabezado por Elisabeth Crescitelli (UCR) y contó con la participación de legisladores de ambas cámaras y funcionarios judiciales. En ese ámbito, Garay precisó que la diferencia entre el presupuesto proyectado y los recursos adicionales solicitados es de $389.156.193, destinados a la concreción de proyectos de la Suprema Corte.
Al comparar las previsiones con las del ejercicio anterior, el titular del máximo tribunal provincial sostuvo que el presupuesto mejoró en términos nominales, aunque aclaró que la diferencia representa una proporción reducida respecto del total. También remarcó que la participación de la Suprema Corte en el presupuesto provincial continúa entre las más bajas de los últimos seis años, pese a registrar un leve incremento en relación con 2026.
Uno de los aspectos centrales de la exposición estuvo vinculado con la distribución de los recursos. Garay señaló que la proporción destinada a gastos corrientes, que anteriormente representaba entre el 70% y el 80%, actualmente se ubica en el 33,4%. Según explicó, esta variación refleja una mejora en la asignación del gasto y en la disponibilidad de recursos para atender las necesidades del servicio de Justicia.
El funcionario también destacó que, desde hace cuatro años, la Suprema Corte trabaja en la sustitución de recursos y en la generación de ingresos propios. En ese sentido, mencionó las gestiones y operaciones realizadas con el Banco Nación como parte de las herramientas que permiten reducir la brecha entre los fondos solicitados y los finalmente remitidos.
Garay puso especial énfasis en la ejecución del plan de inversión y señaló que la mayor recaudación de recursos, los remanentes del ejercicio anterior y la administración eficiente del presupuesto permitieron financiar durante 2026 obras que no estaban contempladas en el presupuesto originalmente aprobado.
Como ejemplo, indicó que para este año se habían votado $2.808 millones destinados al Centro Cívico Judicial de Tunuyán. Sin embargo, la inversión ejecutada alcanzó los $6.211.174.634, incluyendo trabajos edilicios en distintos departamentos e infraestructura informática, además de las obras en el Valle de Uco.
De cara a 2027, el Poder Judicial prevé destinar casi $6.000 millones a infraestructura edilicia, con intervenciones en distintos puntos de la provincia y proyectos orientados a concentrar dependencias judiciales en espacios más adecuados para su funcionamiento.
Entre las principales iniciativas figura la inauguración del Nuevo Polo Judicial de Tunuyán, prevista para el 17 de diciembre de este año. La obra cuenta con más de 5.000 metros cuadrados y, según Garay, constituye un desarrollo inédito para la Cuarta Circunscripción Judicial. También se prevén trabajos en General Alvear, Maipú, Lavalle y Ciudad, junto con nuevas intervenciones en edificios existentes.
Entre las obras previstas para el próximo año, Garay mencionó la instalación de un nuevo sistema de ascensores y la reforma integral del edificio judicial de calle Chile, además de adecuaciones vinculadas con la implementación del nuevo régimen Penal Juvenil.
El plan incluye, además, reformas en los juzgados civiles y proyectos para reorganizar las dependencias judiciales en General Alvear, donde actualmente funcionan en cinco inmuebles, y en Lavalle, donde se busca concentrar las distintas áreas en un único centro judicial. En materia de obra pública, el presidente de la Suprema Corte anticipó una inversión prevista de $4.000 millones para 2027.
Uno de los objetivos principales será dotar al Sistema Penal Juvenil de un edificio propio. La propuesta contempla concentrar en el inmueble de calle Chile a los juzgados, las cámaras, las fiscalías y las defensorías del fuero, mientras que las dependencias de Familia permanecerían en el edificio de Mitre y Montevideo.
Garay sostuvo que esta reorganización permitirá mejorar las condiciones de trabajo y adecuar los espacios a las necesidades específicas de cada fuero.
Otro de los ejes centrales del presupuesto será la infraestructura informática y tecnológica, con una inversión proyectada superior a los $3.700 millones. El plan contempla $1.031.877.000 para equipamiento informático, $50.871.000 para equipamiento de comunicaciones y $2.625.151.000 destinados a licencias, desarrollo, seguridad e infraestructura.
Garay destacó que la incorporación de tecnología permitió automatizar numerosos procedimientos y liberar horas de trabajo que pueden destinarse a mejorar la gestión de los tribunales. La ciberseguridad también ocupó un lugar relevante durante la presentación.
El funcionario explicó que, debido a que cerca del 95% de la gestión interna y externa del Poder Judicial se encuentra vinculada con sistemas en línea, la protección de la infraestructura digital constituye una prioridad. En ese marco, señaló que se realizaron auditorías para identificar vulnerabilidades y que se está trabajando en un área específica dedicada a esta problemática.
Asimismo, aclaró que algunas dificultades detectadas, como la lentitud del portal judicial, no responden necesariamente a ataques informáticos, sino que pueden estar relacionadas con el uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar consultas.
El tercer eje de gestión expuesto por Garay está relacionado con la mejora de los sistemas judiciales, la oralidad y el fortalecimiento del capital humano. En ese contexto, destacó el funcionamiento del sistema de beneficios de litigar sin gastos, que permite resolver solicitudes de manera automatizada.
Según detalló, ocho de cada diez beneficios se otorgan sin necesidad de abrir un incidente, mientras que el trámite escrito queda reservado para aquellos casos que el sistema no puede resolver directamente. El presidente de la Suprema Corte también se refirió a los concursos para cubrir cargos de auxiliares administrativos, profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) y prosecretarios.
Garay explicó que la transformación de los procesos judiciales exige incorporar personal cada vez más calificado, capaz de gestionar presentaciones, clasificar escritos y acompañar la digitalización de los expedientes. En esa línea, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa una etapa de reingeniería de sus tareas y de revisión de los perfiles necesarios para responder a las nuevas demandas del servicio.
La presentación presupuestaria dejó planteados los principales objetivos de la Suprema Corte para 2027, con una agenda centrada en la modernización de los edificios judiciales, el fortalecimiento tecnológico, la seguridad informática y la mejora de los procesos de trabajo.
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