Frente a la presencia de El Niño, el Gobierno de Mendoza oficializó la emergencia climática por 180 días prorrogables.
Mendoza se prepara ante el "Súper Niño": habilita compras directas y obras de urgencia.
Foto: Cristian Lozano
Ante la amenaza climática de El Niño, la provincia de Mendoza oficializó la emergencia hidrometeorológica en todo su territorio. La ley sancionada habilita al Gobierno provincial a realizar compras directas de urgencia y ejecutar obras de infraestructura hidráulica prioritarias. La norma regirá durante 180 días corridos, con la posibilidad de extenderse por un periodo idéntico mediante decreto fundado.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca dotar al Estado provincial de un marco legal extraordinario para actuar antes y durante la aparición de fenómenos meteorológicos severos.
Asimismo, la ley encomienda a las autoridades las siguientes acciones directas:
Sistemas de alerta temprana: reforzar la difusión del riesgo y potenciar el intercambio de información técnica en tiempo real.
Coordinación institucional: articular intervenciones inmediatas entre el Poder Ejecutivo, el Departamento General de Irrigación, los municipios y los prestadores de servicios públicos.
Protección de servicios esenciales: monitorear y asegurar los puntos críticos de las redes de agua, drenaje y vialidad.
Para dar respuesta rápida a las contingencias del fenómeno climático, la norma otorga herramientas administrativas y presupuestarias clave:
Contrataciones de urgencia: se faculta al Ejecutivo y a sus entes descentralizados a adquirir bienes y servicios eximiéndose del régimen general de licitaciones públicas. La ley prohíbe explícitamente usar este mecanismo para necesidades ordinarias, previsibles o ajenas a la emergencia.
Obras hidráulicas de emergencia: se autoriza la ejecución inmediata de trabajos sobre cursos de agua, canales, sistemas pluviales, cloacales y mantenimiento de rutas, además de la ampliación de la red provincial de monitoreo.
Reasignación de partidas: el Ministerio de Hacienda podrá reorientar los recursos presupuestarios necesarios para sostener los operativos de mitigación.
A pesar de la flexibilidad en los plazos y procedimientos administrativos, el texto ratifica que ninguna acción quedará exenta del cumplimiento de las normativas ambientales provinciales.
Por último, para garantizar la transparencia, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial reglamentará la norma en un plazo de diez días hábiles y estará obligado a presentar un informe final consolidado ante la Legislatura dentro de los 90 días posteriores a la conclusión de la emergencia.
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