Viviana Beigel, abogada de las seis denunciantes, aseguró que esperan que la audiencia premilinar de este martes, permita avanzar hacia el juicio oral.
Mauro Aguirre llega a esta instancia en libertad
Este martes, desde las 11, se espera una amplia convocatoria en el Poder Judicial en respaldo a las seis jóvenes que hace ocho años denunciaron por abuso sexual al exdocente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mauro Aguirre. La audiencia preliminar (instancia previa al juicio) está prevista para las 12 y contará con el acompañamiento de integrantes de la comunidad educativa y organizaciones sociales, aunque no es pública, ya que se trata de un delito de instancia privada.
Esta instancia representa un paso importante en una causa que lleva ocho años de recorrido y en la que las denunciantes reclaman que se avance hacia el juicio oral. En diálogo con Sitio Andino, Viviana Beigel, abogada representante de las denunciantes, expresó que la expectativa está centrada en que "podamos avanzar hacia el juicio oral, que es lo que venimos reclamando hace mucho tiempo", sostuvo.
La letrada explicó que durante la audiencia se buscará resolver cuestiones previas vinculadas con la prueba y la conformación del tribunal, que, según indicó, aparentemente sería colegiado. Durante la audiencia, las partes plantearán las cuestiones vinculadas con las pruebas que se presentarán en el debate.
Una vez resueltos los planteos y determinada la admisibilidad de las pruebas, podría fijarse de la fecha de inicio del juicio oral. Sin embargo, Beigel advirtió que todavía podrían desarrollarse otras instancias judiciales antes del comienzo del debate contra el exdocente.
La espera tuvo consecuencias emocionales, personales, académicas y profesionales para las seis jóvenes. Durante estos años, debieron atravesar distintas instancias judiciales, prestar declaraciones y volver sobre experiencias dolorosas mientras aguardaban avances en la causa.
De esta manera, algunas de las estudiantes no pudieron continuar sus carreras en las mismas condiciones en las que las habían comenzado. Otras tuvieron que modificar sus modalidades de cursado y rendir materias libres para evitar compartir espacios con personas vinculadas al entorno del denunciado.
El recorrido judicial, por lo tanto, no solo estuvo marcado por la demora en llegar a una instancia preliminar, sino también por las consecuencias que esa espera tuvo en las trayectorias educativas y en la vida cotidiana de las denunciantes.
Para Beigel, el caso excede la situación particular de las seis jóvenes y plantea interrogantes sobre la manera en que las universidades públicas abordan las situaciones de violencia de género y garantizan condiciones seguras para denunciar.
"Se trata de una causa que ocurre en un contexto de la universidad y que, obviamente, si tiene un desenlace justo, puede generar un impacto positivo dentro de las universidades, con la idea de que cuando ocurran estos hechos, las personas que sean víctimas puedan denunciar", afirmó la abogada.
En esa línea, consideró que el proceso también debe servir para que las instituciones educativas tomen dimensión de estas situaciones y fortalezcan sus mecanismos de prevención y acompañamiento.
El planteo apunta a la necesidad de contar con protocolos seguros y efectivos para denunciar hechos de violencia de género, así como con mecanismos de protección que eviten que las estudiantes deban afrontar represalias o consecuencias negativas por acudir a las autoridades. El objetivo es garantizar que puedan transitar y habitar los espacios educativos libres de violencia.
Mauro Aguirre llegará a esta instancia en libertad, luego de que venciera la prisión preventiva que le habían otorgado en 2020. Además, fue exonerado de su cargo docente, aunque posteriormente logró jubilarse.
La audiencia preliminar se realizará este martes en el marco de una causa que lleva ocho años desde las denuncias y que ahora busca avanzar hacia el juicio oral. La convocatoria de integrantes de la comunidad educativa de la UNCuyo y de organizaciones sociales acompañará el reclamo de las jóvenes para que el proceso judicial continúe.
Las denuncias tomaron estado público en diciembre de 2018, durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes realizada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En ese ámbito, seis estudiantes expusieron situaciones de violencia de género y abuso sexual que involucraban al entonces docente Mauro Aguirre.
Ante la repercusión del caso, el 19 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo de la Facultad resolvió activar el protocolo institucional para abordar situaciones de violencia de género. Meses después, en marzo de 2019, comenzó formalmente el proceso penal.
El caso trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un tema de relevancia para la comunidad universitaria, donde la organización colectiva y el acompañamiento a las denunciantes adquirieron un papel central
El 10 de mayo de 2019, Mauro Aguirre fue detenido. En el marco de la investigación, también fueron imputadas otras tres personas vinculadas al expediente: Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni, señaladas como presuntos partícipes primarios de los hechos denunciados.
El avance de la causa penal coincidió con un proceso administrativo dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. En abril de 2021, tras un sumario que se prolongó durante aproximadamente dos años, el Consejo Directivo de la Facultad resolvió exonerar a Aguirre, la máxima sanción administrativa contemplada en ese procedimiento.
El caso constituye un antecedente significativo para la comunidad universitaria mendocina y plantea la importancia de prevenir la violencia de género, garantizar mecanismos institucionales efectivos y brindar acompañamiento a quienes deciden denunciar.
Las denunciantes destacan el valor de la organización colectiva y del apoyo recibido durante estos años. También sostienen la importancia de mantener vigente lo ocurrido y de evitar que sus experiencias queden en el olvido.
