La Legislatura de Mendoza convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo que modifica el Estatuto del Empleado Público (DL 560/73) y el Escalafón Ley 5126. La iniciativa fue votada este martes en una sesión marcada por la paridad, que obligó al desempate de la vicegobernadora Hebe Casado.
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Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado
La Legislatura de Mendoza aprobó la reforma del Estatuto del Empleado Público tras una votación reñida y con fuerte rechazo gremial.
La norma, cuestionada por gremios estatales que la consideran “inconstitucional” y “regresiva”, introduce cambios en la figura del personal interino, redefine la estabilidad laboral, deroga artículos en desuso y fija nuevos criterios de indemnización y antigüedad.
El oficialismo, en la sesión de este martes, logró su sanción definitiva, luego de un empate que en la previa se veía venir. El proyecto obtuvo 19 votos afirmativos y 19 negativos, lo que derivó en que Casado, como Presidenta del cuerpo, tenga que desempatar, situación prevista en el reglamento.
Sesión acalorada e histórica
Tanto el peronismo como La Unión Mendocina, el Partido Verde y el Partido Demócrata no acompañaron la iniciativa. Al quedar la votación empatada en 19, la senadora peronista Adriana Cano pidió votar una moción para que el proyecto regrese a comisiones, lo que fue apoyado por otros legisladores opositores. Al mismo tiempo, el radical Martín Kerchner presentó otra moción para votar nuevamente y que, en caso de persistir la igualdad, proceder al desempate.
Al pasar a un cuarto intermedio, diversos cruces y gritos "calentaron" la sesión. La tensión fue creciendo mientras discutían qué camino debía tomarse. Kerchner con el reglamento en mano quería que la norma se votara, mientras que la oposición se negaba.
Finalmente, se procedió a la moción del radical y así fue como Hebe Casado tuvo que emitir su voto, que fue afirmativo, para destrabar el debate, por lo que el proyecto obtuvo sanción definitiva.
Voces a favor y en contra en la Legislatura de Mendoza
El senador Walther Marcolini fue el encargado de explicar los alcances del proyecto y apuntó contra los que se manifestaron en contra: "No se ha entendido la propuesta claramente o la utilizan para desinformar, no atenta contra la estabilidad laboral, maliciosamente se dijo que se crean cargos. Esta reforma protege a quienes construyen su carrera en el Estado, hace un uso responsable de los recursos, no recorta derechos, no precariza, regula con transparencia".
Luego la oposición tuvo la palabra. El legislador Ariel Pringles (La Unión Mendocina) expresó sus críticas a la iniciativa: "Muchas cosas debieron salir del diálogo en paritarias, no puestos en un proyecto de ley. No hay que tenerle miedo a los gremios. Esto va a generar una enorme litigiosidad, por lo que trae una problema porque va a recaer en la Justicia. Viola derechos laborales y principios constitucionales".
La senadora Flavia Manoni, por su parte, hizo hincapié en las consecuencias que tendrá la sanción de la reforma: "En nombre de la meritocracia se echan trabajadores. Si asociamos disminuir el gasto con modernizar estamos en problemas. Es precarización laboral como herramienta de disciplinamiento". En el mismo sentido se expresó Chappel Dugar (Partido Verde), otro de los que aportó su voto negativo.
Al hablar Armando Magistretri (PD), se confirmó que la votación sería reñida. "Reconocemos la necesidad de reformas en el sistema que hacen al recurso humano estatal, pero creemos que debe hacerse de una manera más amplia, no restrictiva. A través de esta herramienta el Gobierno va a expresar toda su discrecionalidad", aseguró.
La peronista Adriana Cano, en tanto, afirmó que la propuesta del Poder Ejecutivo apunta a la "precarización del empleado público" y que es "un fuerte mensaje político a otro poder del estado, la Justicia". "Hay un ataque permanente al empleado público. Esto en nada va a beneficiar a la provincia de Mendoza", añadió.
La jefa del bloque oficialista, Natacha Eisenchlas, encargada de cierrar el debate, sostuvo: "Están siendo violentos porque están mintiendo. Cornejo mandó este proyecto porque el Estatuto es antigüo, quedó desactualizado, creó disparidad en los fallos de la Corte e incertidumbre jurídica".
Gremios frente a la Legislatura de Mendoza
Mientras se desarrollaba la sesión en la Cámara de Senadores(tras su aprobación en Diputados), sindicatos como ATE y Ampros realizaron un paro y una masiva movilización en rechazo a la reforma del Estatuto del Empleado Público y en reclamo de reapertura de paritarias.
Qué dice el proyecto aprobado
El oficialismo justificó la reforma en la necesidad de actualizar un marco normativo de más de 50 años, adaptándolo a las restricciones presupuestarias, criterios de responsabilidad fiscal y a la jurisprudencia vigente.
- Simplificación y actualización de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73. Allí se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
- Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”, recogiendo la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente.
- Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.
- Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
- Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.
- Modificación de las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
- El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
- Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.
La reforma, según el Gobierno busca modernizar el marco legal, "adaptándolo a las necesidades actuales del empleo público y a los criterios establecidos por la Justicia".