El inmueble podrá ser reasignado por el organismo a otra familia que cumpla con los requisitos habitacionales. En qué complejo está ubicado y por qué fue desalojado.
El IPV recuperó la primera casa bajo el nuevo régimen legal.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaEl Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recuperó la primera casa mediante la aplicación de la Ley 9715, la normativa que agilizó los procedimientos de desalojo de viviendas sociales desadjudicadas por incumplimientos de sus beneficiarios. El inmueble está ubicado en el complejo Eusebio Blanco, de Ciudad, y su restitución marca el primer antecedente concreto de aplicación de la nueva herramienta legal.
La medida permitió al organismo provincial recuperar una propiedad que había sido objeto de un proceso de desadjudicación por irregularidades vinculadas con la obligación de ocupación efectiva. Según informó el organismo que conduce Gustavo Cantero, el procedimiento se inició a partir de controles del IPV y denuncias de vecinos, que permitieron detectar que la vivienda no cumplía con el destino habitacional establecido.
Con la nueva legislación, el Instituto pudo avanzar en la recuperación del inmueble a través de un procedimiento más ágil, sin necesidad de atravesar las instancias judiciales que anteriormente demoraban estos procesos.
La Ley 9715 fue sancionada por la Legislatura en junio y promulgada en julio de 2026. La normativa modificó la Ley 4203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza para facilitar la recuperación de viviendas sociales cuando sus adjudicatarios incumplen las condiciones establecidas.
Entre los cambios centrales, se eliminó la necesidad de homologación judicial previa de las resoluciones administrativas de desadjudicación y se incorporó una vía específica para tramitar los desalojos mediante un proceso monitorio, con intervención de la Justicia de Paz Letrada.
De esta manera, cuando el IPV dispone la desadjudicación de una propiedad, puede iniciar el juicio de desalojo con esa resolución administrativa como título suficiente. Además, la presentación de recursos administrativos contra la medida no suspende automáticamente el procedimiento, salvo que exista una decisión expresa de la autoridad competente.
La reforma apunta principalmente a situaciones de mora persistente, abandono de las viviendas, alquiler a terceros, cesiones no autorizadas y otros incumplimientos que desvirtúen la finalidad social de las propiedades financiadas por el Estado.
Para denunciar mal uso, abandono, deshabitación o alquiler irregular, la ciudadanía puede comunicarse con el IPV a través de los siguientes canales:
Los procesos de desadjudicación pueden comenzar a partir de denuncias de vecinos o de los controles que realiza el propio organismo después de la entrega de los barrios.
En esas inspecciones, el IPV verifica que los beneficiarios cumplan con la ocupación efectiva de los inmuebles y que las propiedades estén destinadas exclusivamente a vivienda única y familiar.
Sin embargo, la pérdida de una adjudicación no es automática. El procedimiento contempla distintas instancias de notificación e intimación para que los titulares puedan regularizar su situación o presentar los descargos correspondientes.
De acuerdo con los antecedentes informados por el organismo durante el tratamiento de la ley, los adjudicatarios reciben distintas notificaciones antes de que se concrete la desadjudicación. Una vez dictada la resolución, también cuentan con una instancia para plantear una solución o regularizar los incumplimientos.
La recuperación de la propiedad del complejo Eusebio Blanco se concretó luego de que el IPV agotara esas instancias y aplicara las herramientas incorporadas por la nueva legislación.
Desde el organismo aclararon que las casas recuperadas no se entregarán automáticamente ni quedarán sujetas a una asignación discrecional. Su readjudicación deberá respetar los requisitos establecidos en la normativa y los registros oficiales del Instituto Provincial de la Vivienda.
Entre las condiciones para acceder a una de estas unidades figuran:
El objetivo es que las propiedades recuperadas vuelvan a cumplir su función social y puedan ser destinadas a familias que necesitan una solución habitacional y reúnen las condiciones exigidas por el organismo.
