Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció durante su paso por el Gobierno.
Manuel Adorni enfrenta un nuevo escenario judicial luego de que se solicitara investigar posibles irregularidades tributarias.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni tuvo un cambio de rumbo este viernes. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Javier Milei, aunque pidió que se investigue si cometió delitos tributarios.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente deje de tramitar en el fuero federal y sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se deberá determinar si existieron maniobras de evasión impositiva.
La decisión no implica el sobreseimiento de Adorni ni el cierre de la investigación. El planteo deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si corresponde trasladar la causa a otro fuero.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y estuvo centrada en la evolución patrimonial de Adorni durante su paso por la administración pública.
Entre los elementos analizados figuraron operaciones inmobiliarias, gastos personales, pagos en efectivo y movimientos financieros que habían generado interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados.
Según el dictamen fiscal, no fue posible demostrar que el patrimonio cuestionado se hubiera originado durante el ejercicio de la función pública.
Uno de los principales argumentos de la defensa estuvo relacionado con inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de que Adorni ingresara al Gobierno nacional.
El exfuncionario sostuvo que había adquirido criptomonedas por aproximadamente USD 200.000 y que posteriormente obtuvo USD 591.544,61 mediante su liquidación, fondos que habría conservado en efectivo.
La Fiscalía consideró que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas reunidas. Sin embargo, tampoco logró verificar de manera concluyente todos los aspectos de las operaciones.
En consecuencia, Pollicita entendió que no había elementos suficientes para afirmar que se produjo un incremento patrimonial injustificado durante el desempeño de Adorni como funcionario público.
Pese a esa conclusión, el fiscal advirtió que persisten interrogantes sobre el tratamiento impositivo de determinados bienes, ingresos y operaciones financieras.
Durante la investigación se identificaron gastos por más de USD 402.000, de los cuales aproximadamente USD 374.000 habrían sido abonados en efectivo.
También se detectó una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas correspondientes al período investigado.
Entre las operaciones examinadas se encuentran la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, la compra de un departamento en Caballito, refacciones inmobiliarias, viajes y otros gastos personales.
El análisis también incluyó movimientos con criptomonedas y fondos que, según la investigación, podrían no haber sido declarados ante los organismos fiscales.
El fiscal Pollicita consideró que existen elementos que justifican profundizar la investigación sobre una eventual evasión de impuestos nacionales, particularmente Ganancias y Bienes Personales.
Entre los aspectos que deberán analizarse aparecen la tenencia de moneda extranjera, los ingresos utilizados para adquirir criptomonedas, las operaciones realizadas fuera del sistema bancario y las diferencias entre la información financiera y las declaraciones fiscales.
La Fiscalía también solicitó que se examine la participación de otras personas vinculadas con determinadas operaciones inmobiliarias y comerciales.
En ese marco, pidió que la Justicia Penal Económica determine si las posibles irregularidades constituyen infracciones administrativas o delitos tributarios.
El próximo paso quedará en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo del fiscal y dispone el traslado del expediente.
De esta manera, aunque la hipótesis de enriquecimiento ilícito perdió sustento para la Fiscalía, la situación judicial de Manuel Adorni continúa abierta, ahora con el foco puesto en el origen, la declaración y el tratamiento impositivo de los fondos investigados.
