El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado explicó que en las negociaciones salariales docentes ya no estará involucrado el Estado nacional. Qué implica la medida.
El gobierno nacional modificó la Ley de Financiamiento Educativo por decreto
El gobierno nacional modificó por decreto la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo para introducir cambios que permitirán redefinir el uso de fondos asignados a las provincias, en una medida que podría incidir en las relaciones fiscales con las jurisdicciones.
Según lo dispuesto en el Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se introducen modificaciones al artículo 9 de la normativa vigente, habilitando a la Secretaría de Educación de la Nación a establecer un mecanismo de "reasignación" de fondos en caso de que alguna provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumplan con los requisitos necesarios para su utilización.
La norma establece que, cuando las jurisdicciones destinatarias no presenten los proyectos educativos requeridos o incumplan los criterios establecidos para el uso de los recursos, estos podrán ser redistribuidos por la autoridad nacional a otras provincias que sí cumplan con esos lineamientos.
La medida también refuerza el rol de control del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, y busca — según el texto oficial— "mejorar la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos destinados a la educación".
La Ley 26.075, sancionada en 2005, establece metas de inversión progresiva en educación por parte del Estado nacional y las provincias, y fija un piso del 6% del PBI destinado al sector.
La modificación ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores por los recursos coparticipables, y en medio de un ajuste del gasto público promovido por la administración de Javier Milei.
Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ahora las negociaciones de los salarios docentes recaen en las provincias y el Consejo Federal de Educación, mientras que el Estado nacional no quedará involucrado directamente.
"Durante años, el Estado nacional participó en negociaciones docentes. Resabios de un país menos federal, porque las negociaciones son ¡para definir condiciones laborales de empleados provinciales! ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional en esa discusión?", expresó a través de X.
Según aclaró el Ministerio de Capital Humano, "los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo de su jurisdicción".
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) emitió un comunicado donde rechaza la decisión del Ejecutivo nacional y exige la "derogación inmediata" de la modificación anunciada este miércoles.
La entidad expresó "su más enérgico repudio a la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional – a través de la Secretaría de Educación de la Nación – de la negociación del salario mínimo docente".
Además, indicaron que este cambio normativo "representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo".
Según CTERA, la medida está relacionada a las "políticas de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de las y los trabajadores de la educación".
"Desde su sanción, el artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todas las y los docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad", explica el comunicado.