El Gobierno de Mendoza invertirá más de $2.500 millones en una plataforma integral de georreferenciación para la investigación criminal, según el Decreto 1589, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La licitación fue solicitada por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.
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El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria
Se trata de una plataforma integral de georreferenciación para la investigación criminal. De cuánto será la inversión del Gobierno de Mendoza.
La licitación fue adjudicada a la empresa Cytric Solutions S.R.L., por ser la más conveniente para el Gobierno, al obtener el mayor puntaje en la evaluación y cumplir con los requerimientos del pliego. La misma se hizo con un monto total de U$S 2.215.000, equivalentes a $2.569.400.000.
Características de la plataforma
Se trata de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal, que incluye módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales.
- Sistema de detección y mitigación de drones, considerado superador por su enfoque integral ante amenazas contemporáneas, con una respuesta más robusta, integral y adaptada al contexto actual.
- Herramienta avanzada de OSINT (Open Source Intelligence) para monitoreo de información pública vinculada a actividades ilícitas.
- Refuerza una visión preventiva e integral de la seguridad, priorizando la protección del personal, los internos y la infraestructura.
- Otorga capacidad de análisis anticipado y fortalece la toma de decisiones basada en datos reales
Otros oferentes de la licitación
Otras tres ofertas se presentaron, pero fueron descartadas por no cumplir con los requisitos administrativos y técnicos. Exanet S.A. no cumplió con requisitos establecidos en los pliegos particulares y generales, ni con la inscripción obligatoria en el RUP, indicó el Decreto.
Broda S.A., por su parte, presentó deficiencias tanto en aspectos técnicos, como garantía y mantenimiento de software, como administrativos, es decir, documentación obligatoria. En tanto, Business Integrated Systems S.R.L. incumplió condiciones administrativas clave, como la falta de inscripción en el RUP y requisitos del pliego.
El Decreto lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Esto se suma a la adjudicación que hizo el Gobierno en junio pasado para contratar un servicio de videovigilancia por casi $6.000 millones, por un plazo de dos años, mediante el Decreto 1188, para la prevención del delito y la coordinación de operativos de seguridad.