La Cámara de Diputados de la Nación Argentina inició el tratamiento de la ley ómnibus que envió Javier Milei al Congreso, en un plenario conjunto de comisiones con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.
21 de marzo de 2026
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina inició el tratamiento de la ley ómnibus que envió Javier Milei al Congreso, en un plenario conjunto de comisiones con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.
El proyecto comenzó a ser debatido en el seno de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, donde -en primer lugar- expusieron el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; y más tarde lo hizo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Tras las exposiciones de varios diputados, fundamentalmente de la oposición, donde se repartieron críticas al expediente y consultas sobre aspectos puntuales, el secretario negó que con la norma “madre” del nuevo gobierno se pretenda omitir la labor del parlamento u obtener un cheque en blanco a favor del Ejecutivo.
Aclaró que la delegación de poderes prevista en la declaración de emergencia en diversas materias de gobierno es “acotada”, ya que “hay objetos, principios y bases que determinan el carácter restrictivo” de las facultades delegadas.
Asimismo, respecto al reclamo de varios legisladores (esencialmente del ex Juntos por el Cambio) sobre que el oficialismo defina el contenido urgente que debe tratar el Congreso respecto a la norma, el funcionario -si bien admitió que algunos aspectos podrían debatirse en el mediano plazo- destacó que la ley “contiene reformas estructurales que son absolutamente necesarias para recuperar el país en los distintos sectores y forma parte de un plan integral”.
“Evitar la hiperinflación no impide que se tengan que llevar a cabo reformas estructurales tan esenciales para acompañar el programa económico, y en favor de la libertad de los ciudadanos”, amplió.
En cuanto a la privatización de 41 empresas estatales, informó que las incluidas en el proyecto no están en condiciones de ser vendidas al sector privado. “Deben ser ordenadas y eficientizadas” previo a que pase a manos privadas.
También aclaró que se rectificó la redacción de la iniciativa sobre hidrocarburos. “No hay intención de nacionalizar los recursos naturales que corresponden a provincias. Está resuelto y hablado con los gobernadores”, reafirmó.
Por su parte, el procurador del Tesoro señaló que la ley ómnibus es “una verdadera reforma del Estado”.
“Si se quiere hacer un cambio integral, hay que tocar todos los aspectos. Algunos podrían postergarse en una situación teórica ideal, pero hay una gama de intereses creados que son tocados. Hay que actuar ahora cuando se tenga más posibilidad de realizarlo”, manifestó.
En tal sentido, aseguró que "nuestro país está en una situación grave" y afirmó que "la culpa es objetiva, no subjetiva".
El funcionario aseveró que "el Estado es deudor de todos sus contratistas" y aseveró que eso "es algo que hay que empezar a solucionar; es como si fuera una quiebra: el quebrado con el síndico va a ordenar cómo paga".
Por otro lado, Barra enfatizó que "cuanto más gobierno, menos libertad" pero que "cuanto menos gobierno, si lo elimináramos, también menos libertad porque nadie la protegería".
En ese sentido, citó el artículo 19 de la Constitución Nacional que, según evaluó, "expresa la regla de la libertad y la autoridad" y que dice que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral públicas ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios".