El Congreso debatirá la privatización de empresas
El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación Argentina la “ley ómnibus”, que denominó “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Contiene 664 artículos y reformas de todo tipo: tributarias, penales, laborales, fiscales, electorales, etc.
Entre las disposiciones que plantea, postula la declaración sujeta a privatización de 41 empresas públicas, y la enajenación de las participaciones accionarias del Estado nacional en empresas privadas donde no cuente con la mayoría del capital social necesario para ejercer su control.
En los considerandos, el gabinete de gobierno justifica la venta a manos privadas de esos activos en base a la “necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales (…) con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.
No es la mayor novedad de la Ley Ómnibus, ya que fue esta una de las propuestas de campaña de Milei. Quizás sí sorprende algunas de las compañías incluidas en el listado para ser pasibles de ser privatizadas.
En la nómina se encuentran firmas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los Ferrocarriles Argentinos, Télam y Aysa, que el presidente ya había anticipado que buscaría desprenderse.
Pero también aparecen el Banco de la Nación Argentina (BNA) y todas sus empresas subsidiadas, como Nación Servicios o Nación Seguros; la Casa de la Moneda y Nucleoeléctrica Argentina, entre otras.
Hay dos que no están y que llaman la atención. La primera es el 51% del paquete accionario de YPF; la otra Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.
Claro está que cada firma es un caso especial y sus realidades difieren, en materia financiera, societaria y patrimonial. Por lo tanto los procesos de privatización serían distintos. En principio, se iniciará el camino para convertirlas a todas en sociedades anónimas. Al menos es lo que se establece en el polémico decreto de necesidad y urgencia que empezará a regir esta semana.
Pero una vez que eso suceda, o mientras tanto, será necesario establecer con claridad cuál es el activo de cada una de las sociedades. Por caso, este proceso es absolutamente necesario como para saber, conocer, cotizar y ofertar por una compañía. Pero la norma no ingresa en ese mundo de la particularidad. Apenas se limita a dar los lineamientos generales que permitan la privatización, aunque finalmente no avances.
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