El tema está en agenda desde hace mucho tiempo, incluso fue el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien desde hace años insiste en la necesidad de inhibir las señales de teléfono celular en las cárceles. Pero la pandemia atentó contra esto y en la provincia de Mendoza más de 25.000 teléfonos ingresaron a los penales por este contexto. A partir de esto, el gobierno de Mendoza inició una batalla legal para erradicar estos dispositivos. Ahora, dará un salto tecnológico que implicará una inversión millonaria.
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El Gobierno comprará inhibidores de señal de celular en las cárceles de Mendoza
Se trata de una inversión de más de $2.000 millones que el Gobierno de la provincia de Mendoza hará para adquirir tecnología de última generación para prevenir delitos intramuros.
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la compra de una plataforma integral de georeferenciación para investigación criminal, incluyendo módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales, con destino a atender necesidades de la subsecretaría de tecnología aplicada a la seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, con una inversión de más de $2.000 millones.
En concreto, el Gobierno destinará $2.334.900.000, para adquirir esta tecnología que será utilizada tanto en los establecimientos penitenciarios de la provincia como por la Dirección General de Investigaciones.
Esto implica un gran avance tecnológico que servirá para detectar la ubicación de dispositivos móviles en tiempo real, monitoreo, registros de movimientos, vigilancia predictiva, bloqueo selectivo de algunos aparatos, entre otras funciones.
Si bien la prohibición del ingreso de celulares a las cárceles de Mendoza fue ratificada por la propia Corte de Justicia, aún permanecen dispositivos en el interior de los penales.
Cabe aclarar que desde diciembre de 2024 se lleva a cabo un plan de desprendimiento de los mismos de forma voluntaria, para pasar a un plan de retiro compulsivo, explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
"Desde la Pandemia ingresaron 26.000 celulares a las cárceles, esto hizo proliferar el delito, genera corrrupcion y desorden intramuros", señaló la ministra tras participar de la clase magistral del Curso de Especialización en Ciberdelitos y Evidencia Digital en la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
Por estos días, se retitaron 2800 dispositivos, que se suma a los 3585 reirados en 2024 de las distintas penitenciarías.
"Una vez que obtuvimos la sentencia de la Corte sobre este tema, que en 2024 señalamos que era de uso ilegitimo, era necesario avanzar en un sistema que nos permita un mayor control. A eso apunta esta compra. Vamos a poder hacer auditorias en los 22 establecimientos penitenciarios de la provincia de Mendoza y tener un mejor control", destacó Rus.
"Esto provee un software que es muy importante para la investigación penal de cualquier delito atravesado por la tecnología.